Madrid, 28 jun (EFE).- La venta del 29,8 % de Talgo a una sociedad liderada por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, apura un nuevo plazo, a final de mes, con un escollo central en la financiación y en la multa de 116 millones impuesta por Renfe, en una operación anunciada el pasado 14 de febrero y que inicialmente se preveía cerrar en semanas.
Las partes se muestran herméticas sobre los avances en la negociación y solo han dado pistas menores el ministro de Industria, Jordi Hereu, quien dijo este viernes que la solución está «próxima», la misma idea en la que incide el lehendakari vasco, Imanol Pradales.
El propio presidente vasco admitió que las dificultades para concluir el traspaso del 29,77 % del accionariado de Talgo en manos de Pegaso (la mayor parte de ello del Fondo Trilantic) al consorcio liderado por la sociedad Clerbil, de Jainaga, acompañada del fondo público vasco Finkatuz y de las fundaciones de las cajas vascas BBK y Vital.
El escollo principal es la financiación de la deuda de Talgo -de más de 400 millones- que los bancos exigen refinanciar, y la multa de 116 millones impuesta por Renfe a Talgo por los retrasos de más de dos años en la entrega de los trenes Avril, que el constructor debió provisionar en sus cuentas de 2024 y le llevaron a unas pérdidas de 107,9 millones de euros.
El lehendakari dijo que «está siendo mucho más complicado porque la multa legalmente no se puede quitar» y admitió que trabajan con el Gobierno central en la búsqueda de formulas que permitan activar la financiación bancaria «suficiente para que Talgo pueda seguir operando».
Sidenor y sus socios necesitan cubrir los más de 150 millones de euros que supondrá inicialmente la operación al precio pactado en febrero (4,15 euros por acción a desembolsar de forma inmediata, a los que se sumarán 0,85 euros más ligados al cumplimiento de determinados objetivos financieros en 2027 y 2028). Este viernes ha cerrado en Bolsa a 2,9 euros.
Una vez que el acuerdo no se pudo cerrar en tres semanas, como dijo en su día el lehendakari, ni a mediados de mayo, ni a mediados de junio, como se había avanzado cuando se firmó el documento de febrero, fuentes del Gobierno vasco pusieron un nuevo plazo a finales de junio, que se cumple este próximo lunes.
La estructura financiera de la operación ha sido desde el principio el punto crítico, aunque fuentes del sector explican que, además, una vez que entre Sidenor, el constructor deberá resolver sus problemas de capacidad industrial, con retrasos importantes en sus pedidos con Renfe, con la alemana Deutsche Bahn y con la danesa DSB.
La participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la operación podría ayudar a desencallar el proceso, como se ha manejado en el sector y en fuentes próximas a la compañía, aunque desde el ente público prefieren no comentar este extremo.
En torno a la multa de Renfe, y de acuerdo con la posición defendida por la Abogacía del Estado, la compañía pública ofreció inicialmente no ejecutar la multa hasta 2031 y fraccionarla hasta en 7 años, términos que, de momento, siguen sobre la mesa.
El presidente de Talgo, Carlos Palacio, pidió por carta al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a finales de abril «abordar» las penalizaciones de esta compañía al fabricante, porque «el escenario actual no satisface a los bancos y afecta directamente a los esquemas de financiación que estamos analizando».
El Gobierno español ha apoyado desde el principio la opción Sidenor, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que entiende que una vez garantizada la «españolidad» de Talgo con la compra por Sidenor, cabe la posibilidad de dar entrada a un socio industrial.
El Gobierno vetó el verano pasado la entrada de la compañía húngara Magyar Wagon, que ofrecía cinco euros por acción en efectivo, por razones de seguridad nacional, entre otras la supuesta relación del accionista con capital ruso y la cercanía al Gobierno de Viktor Orban.
Tras ese intento hubo otra aproximación de la polaca Pesa, que no llegó a presentar la oferta tras conversaciones con el Gobierno español, pero que también había anunciado su intención de pagar cinco euros por acción.
Los expertos en el sector ferroviario coinciden en que cualquiera de estas dos opciones hubiera añadido a Talgo la capacidad industrial que necesita para dar salida a los más de 4.000 millones de euros de cartera de pedidos.
