Murcia, 20 jun (EFE).- Las discotecas incendiadas en octubre de 2023 en Murcia en las que fallecieron 13 personas presentaban “un grave problema de sectorización” que hizo que el fuego se propagara rápidamente de una a otra sala, y el local donde murieron las víctimas sobrepasaba las distancias máximas de evacuación, lo que hizo imposible a los fallecidos abandonar el local.
Así se recoge en el informe pericial que la jueza que instruye el caso encargó a la perita arquitecta Elena Bolarín, que este viernes ha comparecido para explicar los pormenores técnicos de este informe.
Su declaración se ha prolongado durante cerca de una hora y media, en la que ha respondido a todas las preguntas que le han formulado las partes, el ministerio fiscal y la propia jueza, y se ha ratificado en el contenido del informe, que ya trascendió a los medios de comunicación a finales del mes de marzo.
La perita no ha querido ahondar ante los periodistas en el contenido de este informe, y se ha limitado a señalar que ratifica todas las conclusiones que redactó en su momento.
Entre ellas, el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de varios de los fallecidos, ha destacado el hecho de que las dos discotecas incendiadas tenían “un grave problema de sectorización” y funcionaban como un único local a pesar de ser dos negocios diferentes.
Así, no había medias de separación entre los dos locales que hubieran podido frenar la extensión del fuego, que se originó, según apunta la investigación, en la discoteca Teatre, de donde pasó a Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas.
Para Ortín, si los locales hubieran estado debidamente compartimentados, el fuego no se había propagado de uno al otro, o no de una manera tan rápida, especialmente a través de la cubierta, que el informe pericial señala como el punto de transmisión del incendio.
El informe apunta también a graves deficiencias en los recorridos de evacuación de la sala Fonda Milagros, tal y como ha recordado la abogada Rosa Egea, que representa también a familiares de las víctimas y que ha lamentado que este estudio deja claro que no se cumplían las distancias establecidas por ley.
De hecho, los palcos más alejados de la salida, donde fallecieron las trece personas, estaban a una distancia de más de 55 metros de la puerta, mientras que la distancia máxima permitida es de la mitad, 25 metros, según recoge el informe.
Para Egea, este grave incumplimiento hizo que las víctimas “de ninguna manera” se hubieran podido salvar.
El abogado Pedro López Graña, también representante de familiares de varias víctimas, ha puesto el foco en la imposibilidad que han tenido las partes para preguntar sobre la posible responsabilidad en esos incumplimientos.
El informe pericial, ha señalado, “deja claro que hay deficiencias técnicas importantes”, pero es ahora “relevante” conocer quién tiene la responsabilidad sobre las mismas, y ha apuntado a que no solo sería de las propias empresas, sino también de la administración pública que no ejerció su labor de inspección.
Cabe recordar que las dos discotecas funcionaban con una única licencia de actividad y tenían una orden de cese en vigor que nunca llegó a ejecutarse.
El abogado ha criticado que la instructora del juzgado número 3 de Murcia que investiga el caso no haya permitido hacer ningún tipo de pregunta a la perita sobre las posibles responsabilidades municipales.
La jueza ya ha descartado en dos ocasiones investigar a técnicos, funcionarios o autoridades municipales, una decisión que está recurrida por los abogados de las víctimas en la Audiencia Provincial de Murcia, que aún no se ha pronunciado al respecto.
