Ceuta, 19 jun (EFE).- El juicio oral contra la ex delegada del Gobierno Salvadora Mateos y la exvicepresidenta del Gobierno ceutí Mabel Deu por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021 ha concluido con las autoridades de la ciudad negando haber incurrido en cualquier delito en la repatriación.
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio iniciado este martes por la devolución a su país de una parte de los menores que entraron ilegalmente en Ceuta en los días 17 y 18 de mayo de 2021 en una avalancha masiva por el espigón fronterizo.
En su último turno de intervención, la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha insistido en que ella actuó «con el convencimiento de que lo hacía conforme a la ley, en ningún llegué a pensar en lo contrario».
Por su parte, Mabel Deu, que es docente de profesión y que abandonó la política en el 2023 al no entrar en las listas del PP, ha dicho que espera que «sea la primera y última vez que estoy en un penal» y ha afirmado que «siempre he trabajado en pro del interés del menor», negando haber incurrido en algún tipo de ilegalidad en los retornos.
Los abogados de las dos autoridades han solicitado la absolución de sus patrocinadas al coincidir en que la ilegalidad por la que se les acusa fue «imposible» de cometer.
Los dos abogados han coincidido en que el retorno se produjo por la aplicación del acuerdo internacional del 2007 entre España y Marruecos y que el escrito enviado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 10 de agosto de 2021 para iniciar el proceso de repatriación era «una orden que se interpretó como tal».
«Se pensó desde el principio que era una actuación conforme a derecho y se actuó con el convencimiento en que se cumplía con la legalidad vigente», ha referido el abogado del Estado, que defiende a Salvadora Mateos.
Por su parte, el letrado de Mabel Deu, Luis Ragel, ha aludido a a la «inexistencia de pruebas» que puedan incriminar a la exvicepresidenta autonómica.
Para el abogado, el correo electrónico enviado por la Secretaría de Estado de Seguridad «era una orden, aquí no había ánimo de delinquir». como mantiene la Fiscalía.
Por su parte, la Fiscalía ha pedido una condena de inhabilitación para ambas después de que el ex secretario de Estado de Seguridad,
Rafael Pérez, haya prestado declaración por videoconferencia y dejara claro que el Ministerio del Interior en «ningún momento» autorizó o dio la orden para que se produjeran estas repatriaciones.
El Ministerio Fiscal ha solicitado que las dos procesadas sean condenadas por un delito de prevaricación administrativa que supone una inhabilitación de doce años así como la pérdida de honores.
La representante del Ministerio Fiscal, Silvia Rojas, ha intervenido durante más de una hora para dejar claro que en las repatriaciones de los menores «se omitieron los procedimientos legales que deberían haberse cumplido para amparar la decisión» de su retorno a su país de origen.
Se ha destacado que no constan resoluciones administrativas y que está «acreditada la acción irregular» sobre unos menores que fueron «meramente custodiados para su repatriación después de haber entrado irregularmente en Ceuta los días 17 y 18 de mayo.
La Fiscalía ha rechazado que se produjeran «situaciones excepcionales» y ha precisado en su informe que tuvieron que cumplirse «todas las medidas garantistas» pero que este extremo no sucedió.
Los letrados de la acusación particular, ejercida por las oenegés L’Escola y Red Española de Inmigración, también han pedido que las dos autoridades sean condenadas al entender que «no hubo procedimiento en la entrega de menores a Marruecos que se ajustara a la legalidad» y se incurrió en un delito de manera continuada.
