Madrid, 28 abr (EFE).- Las dos españolas casadas con yihadistas repatriadas de Siria con sus hijos en enero de 2023 han aceptado ser condenadas a tres años de cárcel, cinco años de libertad vigilada y someterse a un programa de desradicalización terrorista por un delito de integración en Dáesh por desplazarse “voluntariamente” con sus maridos a la zona del Estado Islámico.
La condena, que ha sido declarada firme “in voce” por la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que las ha juzgado este lunes -Teresa Palacios-, se ha producido en virtud del acuerdo de conformidad que sus abogados alcanzaron con la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en los días previos al juicio.
En una breve vista, las dos acusadas, Yolanda Martínez y Luna Fernández -que ha comparecido con su cabeza cubierta por un pañuelo blanco- se han limitado a manifestar su conformidad con este acuerdo, en el que se les ha aplicado la atenuante de confesión tardía para rebajarles la pena que inicialmente solicitaban para ellas la Fiscalía y la AVT.
Con un hilo de voz temblorosa, Yolanda Martínez ha respondido afirmativamente a las preguntas de la presidenta del tribunal sobre si aceptaba ser condenada a la pena propuesta por las acusaciones y en un momento determinado, esta le ha hecho un comentario sobre “su cara de miedo”. “Tranquila, que aquí no nos comemos a nadie”, le ha dicho para tranquilizarla.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para ambas seis años de cárcel por integración en organización terrorista, mientras que la AVT reclamaba para ellas ocho años de prisión por el mismo delito.
Tras ser repatriadas desde Siria, las dos estuvieron en prisión provisional desde el 10 de enero de 2023 hasta el pasado 23 de septiembre, cuando se rechazó prorrogarles dos años más la prisión preventiva, con lo que al cumplimiento de la pena de tres años de cárcel habrá que descontar esos meses.
No obstante, según las fuentes consultadas por EFE, eso no impediría que tengan que volver a la cárcel y la única manera de evitarla de algún modo sería solicitar que se les conceda de forma directa el tercer grado penitenciario o la semilibertad, decisión que no corresponde al tribunal de la Audiencia Nacional que las va a enjuiciar sino al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Además de la pena de prisión y de libertad vigilada, las dos acusadas han sido también condenadas a un pena de inhabilitacion absoluta y otra inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativo durante siete años.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, ambas mostraron siempre “su voluntad de ser miembros del Dáesh”, y solo “la completa pérdida de control territorial” en Siria e Irak, así como las condiciones de vida en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, en el que vivían con sus hijos, fue el motivo de que quisieran “ser repatriadas a España”.
Yolanda Martínez, señala, compartía ya antes de marcharse a Siria, la ideología de su esposo, “mostrándose de acuerdo en no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción”.
Tanto ella como Luna Fernández tuvieron “un papel destacado” dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus”, y, como prueba de ello, el fiscal esgrime una carta de despedida que dejó Yolanda Martínez antes de desplazarse a Siria, y que fue intervenida a uno de lo miembros de ese grupo.
Esta era una célula terrorista liderada por un marroquí que estuvo preso en Guantánamo, Lahcen Ikassrien, que se dedicaba a reclutar yihadistas en Madrid en el entorno de la mezquita de la M-30 para enviarlos a Siria o Irak. Los maridos de las dos acusadas, uno ya fallecido, fueron investigados por su integración en ese grupo.
Con estos antecedentes, las dos viajaron a Siria con sus maridos “con la plena voluntad de formar parte” del Dáesh y la finalidad de poner a su disposición “toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara, por muy básicas que fueran éstas”.
Respecto a sus roles como esposas, explica que mientras “una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas del Dáesh”.
En cuanto a su función como madres, el fiscal se remite al informe pericial a los trece menores a cargo de ambas y que fueron repatriados juntos a ellas y puestos bajo custodia de la Comunidad de Madrid.
“Desde una edad muy temprana los menores se han desarrollado en un entorno altamente ideologizado en el que se realizaba una interpretación extremista y rigorista de la fe islámica”, indica el informe.
