Madrid, 4 oct (EFE).- La ley de extranjería establece que, encontrarse en situación administrativa irregular en España, es motivo suficiente para que un ciudadano extranjero sea expulsado del país, pero, en la práctica, es muy complicado ejecutar estas repatriaciones, que apenas alcanzaron las 3.031 en 2024.
No hay datos oficiales sobre el número de personas migrantes que viven en España «sin papeles», por la propia naturaleza de su situación, pero algunas entidades como PorCausa la cifran en torno al medio millón. Además, el año pasado, la ruta canaria disparó las cifras de llegadas irregulares a España hasta las 63.970.
Pero entonces, ¿Por qué se ejecutan solo unas pocas miles de expulsiones cada año?
Expertos consultados por EFE explican que, aunque en España se inician muchos de estos expedientes -el Ministerio del Interior no ofrece estos datos, pero fuentes policiales apuntan a alrededor de 160.000 al año- después existen múltiples factores que dificultan y, en muchos casos, imposibilitan que estos acaben en una repatriación efectiva.
No tener papeles, motivo de expulsión
En las últimas semanas, el PP ha reabierto el debate sobre esta medida sancionadora al presentar entre sus propuestas sobre inmigración medidas como expulsar a los migrantes que comentan delitos graves o sean reincidentes, aunque la actual ley de extranjería ya establece estos supuestos.
De hecho, la normativa fija que la mera situación administrativa irregular de una persona ya es una infracción grave que puede conllevar la expulsión del país.
Según explican fuentes jurídicas especializadas en extranjería, en los últimos años, la jurisprudencia ha establecido que esta circunstancia, por sí sola, no justifica la expulsión y solo debe aplicarse cuando existen factores agravantes, como haber incumplido una orden de salida obligatoria o tener antecedentes penales.
Pero en la práctica, la Administración «se resiste» a acatar esta lectura, de acuerdo a las fuentes, y muchas personas son sancionadas a diario con la expulsión solo por su situación irregular.
Sí existen algunos límites claros, recogidos por la misma ley, como los residentes de larga duración, los solicitantes de protección internacional, los menores de edad o por razones de salud o embarazo.
En 2024 hubo 3.031 expulsiones
Las cifras muestran que el número de expulsiones de personas extranjeras no ha parado de bajar en los últimos 15 años.
Según una reciente respuesta del Gobierno a UPN en el Congreso, en 2024 se efectuaron 3.031 órdenes de expulsión, cifra inferior a las 3.091 de 2023 y que confirma una tendencia ascendente desde las 1.834 de 2020, marcado por la pandemia.
Pero más allá de esta excepción, las expulsiones de extranjeros han disminuido a un ritmo estable desde 2009, cuando alcanzaron las 13.278, de acuerdo a datos de Interior recogidos en el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes.
Fuentes policiales dedicadas a la lucha contra la inmigración irregular han explicado a EFE que se ejecutan muy pocas expulsiones de migrantes en situación irregular y, en la mayor parte de los casos, se trata de repatriaciones a Iberoamérica, como el caso de ciudadanos dominicanos, ecuatorianos o colombianos.
Respecto a las personas de origen africano, son una minoría y aproximadamente el 90 % corresponde a casos con antecedentes penales y policiales. También hay algunos que acuden a sus consulados y solicitan ser repatriados.
Según datos de la oficina de estadística Eurostat, España es uno de los países que más órdenes de salida del territorio emite para migrantes irregulares. De acuerdo a sus cifras, en 2024 dictó 51.025 de estas órdenes, pero efectuó 3.915 retornos forzosos y una cifra similar de retornos voluntarios.
La negativa de los países de origen
El Gobierno apunta en su respuesta parlamentaria las numerosas trabas que encuentra para ejecutar las expulsiones, como la imposibilidad de documentar al ciudadano; las solicitudes de protección internacional, que suspenden la ejecución; la negativa del país de origen a aceptar a su nacional; o la falta de autorización judicial cuando hay causas penales pendientes.
También señala las dificultades para localizar al extranjero cuando no ha ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los recursos judiciales que llevan a suspender la ejecución.
Las fuentes policiales consultadas han precisado que, en el caso de Marruecos, este país oficialmente dice aceptar el retorno de sus nacionales, pero en la práctica pone numerosas trabas, argumentando que se trata de personas argelinas pese a las pruebas aportadas.
En el caso de Argelia, no admite a ninguno de sus nacionales desde 2022, cuando España suspendió sus relaciones con el país africano tras el cambio de postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental.
Hacia Senegal se realizan vuelos muy puntuales porque el país tampoco acepta a sus nacionales, entre otros factores porque sus emigrantes envían dinero a su país desde España y supone una fuente importante de remesas. Algo que ocurre también con subsaharianos, malienses y burkinenses.
Un factor adicional al que aluden estas fuentes son las solicitudes de asilo, del que muchos migrantes hacen un uso, a su juicio, torticero como vía para no ser expulsados.
La incapacidad material del Estado
Otras fuentes policiales dedicadas a la lucha contra la inmigración irregular también señalan el efecto del silencio administrativo que favorece a las personas susceptibles de expulsión y el hecho de que muchos de ellos continúen su proyecto migratorio hacia otros países antes de poder ser repatriados desde España.
Una abogada que asiste a diario a personas que enfrentan órdenes de expulsión precisa que la gran mayoría de personas extranjeras que viven en situación irregular no son detectadas por la Policía.
Pero también hay muchas otras que tienen órdenes vigentes y no llegan a ser expulsadas por la propia incapacidad material del Estado, que no dispone de medios suficientes para ejecutar un gran volumen de expedientes que demandan una logística muy complicada, desde la localización de cada persona sancionada a múltiples gestiones diplomáticas, con las aerolíneas y a nivel interno. EFE
