Laura López
Madrid, 15 may (EFE).- El nuevo reglamento de extranjería traerá algunos avances en los derechos de los migrantes pero también otras novedades que, según temen muchas entidades sociales, dejará a miles de solicitantes de asilo sin papeles.
El texto, que entrará en vigor el 20 de mayo, establece que el tiempo que una persona extranjera ha pasado en España esperando a que su solicitud de asilo sea resuelta -y trabajando regularmente- no computará para después pedir un permiso de residencia a través del arraigo en el caso de que su petición sea finalmente denegada.
Esto significa que, a partir de ahora, las personas van a tener que pensárselo bien a la hora de pedir asilo en España, porque, en el caso de que finalmente no se les reconozca -respuesta que puede tardar años- caerán en la irregularidad y deberán permanecer así al menos dos años hasta conseguir los papeles.
Esto ha generado un gran rechazo por parte de muchas entidades sociales, que temen que este cambio, que puede afectar a las más de 240.000 personas que actualmente esperan respuesta a su petición de asilo, genere una gran bolsa de personas en la irregularidad que ya estaban trabajando e integradas en España.
Siete organizaciones -la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro- han recurrido esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorporó al reglamento una vía transitoria que permite, durante un año, a los solicitantes cuya petición ha sido denegada antes de que la norma entre en vigor, optar al arraigo tras haber estado en situación irregular seis meses en lugar de los dos años que se exigen al grueso de migrantes.
Según han señalado a EFE varias entidades que asesoran jurídicamente a solicitantes de asilo, esto ha provocado que muchos peticionarios que estaban trabajando en España hayan desistido de su solicitud o de su recurso, cayendo en la irregularidad -y, en muchos casos, perdiendo su empleo- y diciendo ‘adiós’ a la posibilidad de ser reconocidos como refugiados.
En situación irregular después de 3 años trabajando en España
Uno de ellos es Santiago (nombre ficticio), que llegó a España en 2022 tras huir de su natal Colombia porque fue amenazado de muerte en varias ocasiones por la banda criminal El Mesa, la misma que había acabado con la vida de su padre cuando él tenía 10 años: “lo que debió hacer mi papá para que no le pasara fue irse, como hice yo”, relata en una entrevista con EFE.
Pidió protección internacional en el aeropuerto, donde pasó 12 días, y se la denegaron, pero unas horas antes de coger el vuelo que le devolvería a su país, le dejaron entrar en España por una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional, gracias a un recurso que había interpuesto con el apoyo de CEAR.
Desde entonces, ha trabajado en España esperando que su solicitud se resolviera, pero ahora, ante la entrada en vigor del nuevo reglamento, ha renunciado a ella ante el temor de que sea finalmente rechazada y dado que ya cumple con el tiempo exigido para solicitar un permiso de residencia por arraigo.
Esto le ha llevado a la irregularidad, aunque ha tenido la suerte de que su jefe le ha permitido seguir trabajando estos meses de manera informal.
De no ser por la reforma, no habría renunciado a su recurso, dado que él siempre ha confiado en ser reconocido como refugiado, pero ahora no podrá saber cuál habría sido su sentencia.
Un retroceso en derechos para los solicitantes de asilo
La abogada Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, una de las entidades que ha recurrido el reglamento ante el Supremo, niega que exista un uso fraudulento o abusivo del derecho al asilo en España cuando el país reconoce alguna figura de protección a más del 53 % de las personas que lo piden.
En su opinión, esta medida va a generar “una bolsa de personas en la irregularidad que no tiene ni pies ni cabeza”, además de discriminar a los solicitantes de asilo: “vas a dar más derechos a una persona que ha entrado en España con clara vocación de pasar un tiempo irregular que a quien ha venido para ejercer su derecho de asilo”, denuncia.
Para Diana Castillo, responsable jurídica de otra de las entidades recurrentes, Red Acoge, esta medida busca un “efecto disuasorio” para las personas que piden protección en España.
Relata que muchas empresas han recurrido a organizaciones como la suya preguntándose por qué tienen que dar de baja a sus trabajadores, que han caído en la irregularidad, con las consecuencias que esto ocasiona en sus vidas, como el cierre de cuentas bancarias, no poder alquilar una vivienda o hacer cualquier trámite con la administración.
Bajo su análisis, el Estado tiene otros mecanismos para erradicar esos supuestos abusos en la vía del asilo, como responder las solicitudes en el plazo de seis meses que marca la ley: “no le puedes cargar al administrado la deficiencia de la administración”, señala la jurista.
El Gobierno busca vías para mitigar los daños
Fuentes del Ministerio de Migraciones han informado a EFE que el Gobierno “está estudiando vías, dotadas de seguridad jurídica” para dar respuesta a personas que están en España y cuya solicitud de protección ha sido denegada.
Desde el Ejecutivo recalcan que en los últimos años ha habido un incremento importante de solicitudes, que ha derivado en la saturación del procedimiento, y “en ocasiones, estas solicitudes no cumplen con los requisitos”.
Se basa en una sentencia del Supremo que en 2024 estableció que el tiempo trabajado durante la tramitación del asilo no debe computarse a efectos del arraigo laboral, y en una directiva europea que va en la misma línea y, defiende que, con esta medida, pretende que la vía del asilo sea “rápida y eficaz” y esté “despejada” para quienes realmente lo necesitan.
