Guapi (Colombia), 5 jun (EFE).- Wveimar Ocoro acababa de cenar con su esposa e hijos cuando comenzaron los disparos que aún lo estremecen. La balacera resonaba cerca de su comunidad, a orillas del río Guapi, en la costa pacífica de Colombia. Al amanecer, empacaron lo justo en la lancha y abandonaron su hogar, al que no volvieron por tres años.
«Nos arrimaron los del grupo armado y nos tocó irnos», explica Ocoro en el departamento del Cauca, viejo epicentro del conflicto colombiano. «Fue horrible, horrible, nadie durmió», recuerda sobre aquella noche de 2011.
Ese mismo año, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, base para una sentencia que ahora reconoce y repara a Ocoro y su comunidad como víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.
La disputa por la tierra ha sido una herida central en el conflicto colombiano y se estima que ha despojado entre siete y diez millones de hectáreas.
La violencia por la tierra se transformó en una batalla compleja entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y el Gobierno, alimentada por el dinero del narcotráfico y otros negocios ilícitos.
En el Cauca, la violencia ha afectado a casi medio millón de personas, casi una tercera parte de su población, especialmente indígenas y afrodescendientes, asentados en las riberas desde el siglo XVII, cuando huyeron de la esclavización.
Fe en Dios, poca en el Estado
En marzo pasado se conoció el fallo que restituye 44.200 hectáreas, área equivalente a dos veces la ciudad de Buenos Aires, al Consejo Comunitario Guapi Abajo, que agrupa 16 comunidades afrodescendientes, donde vive la familia de Ocoro y 520 más dedicadas a la pesca, artesanías, agricultura y minería.
«Estamos restableciendo la posibilidad de que estas comunidades que han luchado tanto por su territorio vuelvan a restablecer su armonía social, cultural y económica», expresó durante la entrega simbólica de tierras el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovanni Yule.
Más que devolver tierras que ya habitan, la sentencia reconoce a las comunidades como víctimas del conflicto y ordena restituir sus derechos mediante proyectos productivos, de salud y, fortalecimiento cultural.
Para Ocoro, el fallo asoma una semilla de esperanza a la deuda histórica del Estado con su región, abandonada por generaciones de políticos. Pero su confianza no está en las promesas oficiales.
«El Estado se demora mucho en venir a solucionarle a uno los problemas», manifiesta desde una humilde casa de madera sobre pilotes al margen del río, donde las lanchas abren las aguas a empujones, interrumpiendo el canto de las aves. «De aquí a que llegue el Estado», se detiene, «a uno le toca confiar en Dios».
Proceso de largo aliento
Lograr esta sentencia le tomó seis años a la URT y podría tardar diez más en implementarse, estima el abogado de la dirección territorial del Cauca, Guillermo Alberto Coronel.
Este fallo es uno de los cuatro emitidos por los juzgados especializados del Cauca en los últimos seis meses que, juntos, restituyen más de 92.000 hectáreas a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Hasta hace tres años, en el Cauca solo había dos sentencias de restitución y un juzgado con 3.000 casos pendientes pero desde que comenzó el Gobierno de Gustavo Petro, en 2022, el sistema se «descongestionó totalmente», asegura Coronel. Se crearon dos juzgados nuevos y ahora hay diez fallos.
Petro ha apostado por reactivar la postergada reforma agraria y reducir la dependencia económica que las comunidades tienen de los cultivos ilícitos, uno de los pilares del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.
Más de la mitad de los predios inscritos en el registro de tierras despojadas por el conflicto son del actual Gobierno y se han reconocido en fallos el 30 % de hectáreas restituidas desde 2011.
Pero los cultivos de coca han crecido en Colombia, primer productor mundial de cocaína, y pese a su política de paz total, los grupos armados han ganado fuerza. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) califica la situación humanitaria como la peor desde el acuerdo de paz.
Anhelo de paz
A veinte minutos por río de Guapi, el resguardo indígena Nueva Bellavista y Partidero también acaba de conocer un fallo que restituye 42 hectáreas a sus 40 familias.
«Ojalá cumplan», comenta el líder y exgobernador Jacinto Mocho, quien hace quince años abandonó temporalmente su hogar por la violencia. «Ya no aguantamos más, había mucha angustia», entona.
Mocho observa a los niños saltar al río, pese a la lluvia. «Cuando ven la piraña (embarcación militar) se asustan, corren», lo interrumpe un hombre que pide anonimidad por miedo a represalias.
Es un pescador líder de una comunidad indígena del vecino departamento de Nariño. Su familia y otras 12 hace dos meses que huyeron del plomo y se refugiaron en el resguardo, sin planes de volver. «Reclutaban niños y jóvenes para llevarlos a alzar armas» y «del temor, a veces no íbamos ni a trabajar», dice.
Hace cinco meses, Ocoro también tuvo que limitar su trabajo con la madera por un nuevo toque de queda impuesto por grupos armados. Desde su regreso, la violencia ha ido y venido, pero no ha habido una balacera como la de 2011. Mirando al horizonte, dice, «la esperanza de uno es que las cosas sí mejoren».
Carla Samon Ros
