Moscú/Río de Janeiro, 28 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió hoy el reconocimiento internacional de las regiones ucranianas anexionadas por Moscú, incluido la península de Crimea, como condición para un arreglo pacífico del conflicto.
“Es imperativo el reconocimiento internacional de la pertenencia a Rusia de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Jersón y Zaporiyia”, dijo Lavrov en una entrevista con el diario O Globo.
Lavrov subrayó que las otras condiciones son la neutralidad ucraniana en línea con la declaración sobre la soberanía estatal de Ucrania (1990), lo que significa el no ingreso del país en bloques militares como la OTAN.
También insiste en derogar las leyes que persiguen “todo lo ruso” desde el idioma, a la cultura, los medios de comunicación, las tradiciones y la Iglesia Ortodoxa, adoptadas por Kiev desde 2014.
“Todas las obligaciones de Kiev deben ser fijadas jurídicamente y deben tener un mecanismo de supervisión y un carácter indefinido”, dijo.
Además, el ministro aseguró que permanecen en la agenda “la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, el levantamiento de las sanciones, las denuncias judiciales y las órdenes de arresto, y el retorno de los activos rusos congelados en Occidente”.
“También intentaremos lograr garantías de seguridad fiables para Rusia ante las amenazas que surgen de las actividades hostiles de la OTAN, la Unión Europea y ciertos estados miembros en nuestras fronteras occidentales”, añadió.
Lavrov, que se encuentra de visita en Brasil, abordó anoche por teléfono dicho asunto con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
El presidente ruso, Vladímir Putin, trató el pasado viernes en el Kremlin la reanudación de las negociaciones directas con Ucrania con el emisario de EE.UU., Steve Witkoff.
Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que Moscú espera “señales” de Kiev para reanudar dichas negociaciones, para lo que -insistió- Ucrania debe derogar el decreto promulgado por su presidente, Volodímir Zelenski, que prohíbe conversar directamente con el actual líder ruso.
