Zaragoza, 6 jun (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral y han conseguido liberar a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
La organización, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España.
En el marco de la «Operación Lhotse-Tiger», han sido detenidas nueve personas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), tres de las cuales han ingresado en prisión provisional, según ha informado este viernes el instituto armado.
La investigación ha revelado la existencia de una organización que proporcionaba trabajadores a empresas distribuidas por todo el territorio nacional aprovechándose de su vulnerabilidad económica y de su situación irregular.
El grupo alojaba a las víctimas, a las que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España, en viviendas con condiciones insalubres, bajo constante vigilancia y sin documentación.
Según las declaraciones de las víctimas, eran traídas desde Europa oriental, padecían una situación de extrema pobreza y el grupo criminal les cobraba por alojarse, por transportarlas hasta sus lugares de trabajo o por conseguirles empleo.
Investigación conjunta en varias provincias
La investigación comenzó en 2024 a raíz de una inspección en la que se detectó a varias personas temporeras de origen asiático que vivían en condiciones muy precarias en una nave de una empresa alimentaria situada en Candeleda (Ávila).
Fruto de esas indagaciones fueron detenidas tres personas: un encargado de la custodia de las mujeres y dos responsables de la empresa alimentaria por su conocimiento y aprovechamiento de la situación de las víctimas.
En paralelo, días antes fueron localizados trabajadores nepalíes sometidos a condiciones de explotación, en este caso en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres). En concreto, se descubrió a siete personas en situación irregular que trabajaban con documentación falsificada y que vivían en condiciones deplorables e incluso de mendicidad.
Más de una veintena de trabajadores hacinados en una vivienda de Caspe
La conexión entre ambas investigaciones llevó a la Guarda Civil y a la Policía Nacional a poner en marcha una operación conjunta que se saldó con nuevas detenciones y la liberación de más víctimas de explotación.
En Barcelona se realizó un registro y se detuvo a un individuo por exigirle dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de su documentación y en Cáceres se detuvo a dos responsables de la explotación agrícola donde se habían encontrado previamente a los siete trabajadores nepalíes.
Finalmente, los investigadores se centraron en los miembros del grupo encargados de captar y explotar a los ciudadanos nepalíes. Después de año y medio de investigación, se realizaron dos registros simultáneos en dos domicilios de Caspe (Zaragoza), con la detención de tres miembros del grupo criminal, incluyendo a los dos principales cabecillas, y la liberación de más de una veintena de migrantes hacinados en una misma vivienda.
Obligación de pagar 100 euros al mes
Esos trabajadores dormían apiñados en colchones, con un solo baño para todos y en estancias con deficiencias estructurales. Provenían del este de Europa y vivían en una situación de extrema pobreza y necesidad, con documentación falsa y con la obligación de pagarle al grupo criminal 100 euros mensuales, además de siete euros diarios por ser transportados hasta el trabajo.
En ocasiones, los explotadores mediaban con los propietarios de las empresas para conseguir empleo a sus víctimas, por lo que se quedaban con parte de sus salarios.
Tres de los nueve detenidos han ingresado en prisión de forma provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
