Lima, 23 abr (EFE).- Los 11 líderes comunales y activistas peruanos que fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas, expresaron este miércoles su satisfacción tras un fallo judicial que marca un “precedente” en el país andino.
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.
“Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste”, dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.
Aseguró que con esta sentencia han encontrado “la justicia verdadera”, después de una “dura lucha” que ha durado casi una década.
Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.
“Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente”, afirmó Velazco.
En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial “ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores”.
Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias.
“Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres”, denunció.
Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables.
“Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia”, agregó Huachaca.
Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.
La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.
