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Líderes comunitarios salvadoreños esperan resolución, claves de su proceso por asesinato

Fotografía de archivo del 18 de octubre de 2024 que muestra, de izquierda a derecha, a Miguel Gámez, Saúl Rivas y Alejandro Láinez y Pedro Rivas saludando luego de una audiencia en Sensuntepeque (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 9 sep (EFE).- Cinco líderes comunitarios residentes en la remota comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas (norte), esperan el miércoles que un juzgado de El Salvador brinde la resolución de un juicio en su contra por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, durante la guerra civil (1980-1992).

Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas enfrentan un nuevo proceso -tras ser absueltos de cargos en 2024- junto a otras tres personas bajo la acusación de asesinato y agrupaciones ilícitas, este último delito es atribuido generalmente a miembros de pandillas.

A continuación se presentan cinco claves para explicar el proceso contra los líderes comunitarios:

1. Detención

Los también ambientalistas fueron detenidos el 11 de enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General los acusó -sin brindar detalles del caso- del secuestro y asesinato en 1989 de María Inés Alvarenga. Además, los señaló de ser excomandantes guerrilleros durante la guerra, ligados al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido político que gobernó El Salvador durante diez años (2009-2019).

Organizaciones sociales, de derechos humanos y activistas denunciaron que la detención se trató de una persecución por su activismo contra la minería, centrada en Cabañas, en el norte de el Salvador, el territorio donde se encuentra la comunidad Santa Marta.

Además fueron procesados en ausencia los otros tres acusados: Fidel Recinos -que no pertenece a la remota comunidad-, Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.

2. Proceso penal

En agosto de 2023, tras siete meses detenidos, una corte de Instrucción determinó enviar a los ambientalistas -todos mayores de 60 años- a arresto domiciliario.

El 8 de octubre de 2024, los líderes comunitarios enfrentaron el juicio por los tres delitos señalados por la Fiscalía. La vista pública concluyó el 15 de octubre de ese año y el 18 de octubre una corte penal dictó el sobreseimiento definitivo de la causa penal, con lo que los procesados quedaron el libertad.

3. Ordenan repetir juicio

El 26 de noviembre de 2024 se conoció que una corte de Apelaciones revirtió el fallo que sobreseyó la causa penal contra los líderes ambientalistas y ordenó repetir el juicio.

La nueva vista pública fue programada para el 3 de enero de 2025, pero tras varios cambios de fecha el juicio se celebró finalmente entre el 29 y el 31 de julio. Ahora, se prevé que la resolución se conozca este próximo miércoles, 10 de septiembre.

4. Declarados en rebeldía

Los líderes comunitarios fueron declarados en rebeldía por no presentarse al juicio, por lo que fueron procesados en ausencia. Tras ello, el Tribunal de Sentencia de la localidad de San Vicente (centro), que conoció la causa ordenó su captura, pero esto no se ha hecho efectivo.

En un comunicado, los ambientalistas señalaron que no se presentaron a la vista pública porque «no existe garantía de un juicio justo» y denunciaron que el proceso en su contra «es una maniobra política para silenciar sus voces por su activismo contra la minería metálica».

5. Lucha contra la minería

Los ambientalistas, junto con buena parte de los habitantes de la comunidad Santa Marta -uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil-, pidieron en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos durante y después del conflicto armado.

Además, empujaron una lucha contra la minería metálica en El Salvador, que finalmente concluyó con prohibición de este actividad con una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron el 23 de diciembre de 2024 una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, actividades prohibidas desde 2017 por considerarlas como una «amenaza para el desarrollo y bienestar de la familia».