Madrid, 18 jun (EFE).- El Partido Popular ha adelantado este miércoles su ponencia de estatutos, el documento que regirá el funcionamiento del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, en el que se reforman y simplifican las primarias para elegir al presidente y se aboga por tres conceptos clave: transparencia, control interno y rendición de cuentas.
Estos tres conceptos son «ejes rectores» de los estatutos del partido, según describe el texto de 91 páginas que ha sido presentado esta mañana en Murcia por los autores a quienes Feijóo encomendó la tarea: el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.
Como se esperaba, tras las opiniones vertidas por Feijóo en las últimas semanas sobre lo fallos del sistema de primarias actual, se ha propuesto un nuevo procedimiento para elegir al presidente, basado en que haya una mayor representatividad.
Según este, en una primera votación celebrada antes del congreso, los militantes elegirán a los compromisarios para participar en el congreso del partido, que tendrán que haberse adherido previamente a la lista de uno de los candidatos.
Antes del congreso se sabrá por tanto a quiénes van a votar dichos compromisarios, aunque quedará el margen de los compromisarios natos (por derecho propio). Los compromisarios electos, señala la ponencia, serán al menos en número cuatro veces superior al de los natos.
Esta propuesta que no contempla las peticiones de figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente dijo que su opción predilecta era la de «un militante, un voto», es decir, poner toda la responsabilidad en los afiliados al partido.
Aún así, tras la publicación de la ponencia de estatutos que incluye esta propuesta se abre ahora un periodo de presentación de enmiendas para modificar total o parcialmente su contenido, por lo que Ayuso o alguien de su entorno podría oponerse a esta propuesta, que será votada en el XXI congreso que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 6 de julio.
Otro de los cambios en la elección del presidente es que cualquier candidato necesitará presentar el aval de al menos 500 afiliados y no 100 como hasta ahora, y que dichos avales deben proceder de un mínimo de veinticinco provincias diferentes en un número que no debe de ser inferior a quince avalistas en cada una de ellas.
La prevención de la corrupción, clave
En plena crisis del Partido Socialista por los casos de corrupción que están afectando a sus dos últimos secretarios de Organización -José Luis Ábalos y Santos Cerdán- el PP ha querido centrar sus nuevos estatutos en la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas para alejar cualquier sombra de corrupción de sus cargos públicos.
Todos ellos deberán suscribir antes de aceptar el cargo y renovar cada dos años una «declaración de idoneidad», un conjunto de obligaciones, declaraciones y compromisos de contenido ético y deontológico a través del cual mostrarán su compromiso con el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.
También, todos los integrantes de listas electorales del Partido Popular, sea cual sea su ámbito, y estén afiliados o no, habrán de suscribir un código ético y de conducta.
Con carácter previo a la aceptación de un cargo, deberán además presentar ante el Comité de Derechos y Garantías del partido la declaración de actividades económicas, de bienes y derechos patrimoniales, así como el resumen de la última declaración de la renta.
También deberán comprometerse a separar claramente en su actuación lo público de lo privado.
Rendición de cuentas
La ponencia contempla también que todos los cargos del PP deberán comparecer como mínimo con periodicidad semestral ante las asambleas de afiliados que se organicen en el ámbito territorial al que pertenezca el cargo para dar cuenta de su gestión y para dar un seguimiento a su programa electoral.
Dentro del apartado de la rendición de cuentas, se considera infracción muy grave incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos, una situación que causará la suspensión de afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el partido o la expulsión.
En el apartado de incompatibilidades, la condición de senador será incompatible con un cargo de presidente o secretario general en corporaciones locales o provinciales, mientras que la condición de diputado o parlamentario europeo será incompatible con el cargo de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico.
Aún así, podrá haber excepciones en función de los intereses generales del partido.
