Lima, 19 may (EFE).- El fiscal coordinador del Equipo Lava Jato en Perú, Rafael Vela, afirmó este lunes que los abogados del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, condenados por aportes ilegales de Odebrecht, han buscado conseguir en Brasil algún beneficio que no pueden obtener en la Justicia de su país, al comentar la suspensión de la colaboración de la justicia brasileña en este caso.
En declaraciones a los periodistas, tras acudir a una comisión parlamentaria, Vela afirmó que “los abogados de Humala han buscado entrometerse” y, en consecuencia, “la señora Nadine Heredia está asilada en Brasil”.
Añadió que este trato viene de “hace poco más de dos años”, cuando el proceso contra los Humala por presunto lavado de activos ingresó a juicio oral y terminó en abril con una condena de 15 años de prisión para ambos.
“Ellos buscan conseguir en el Brasil lo que no son capaces de conseguir en los jueces de Perú”, expresó Vela.
En tal sentido, consideró que la suspensión de la colaboración del Ministerio de Justicia de Brasil con la Justicia peruana “seguramente será un argumento que los abogados de Heredia discutirán en la apelación”.
Sin embargo, el fiscal descartó que vayan a significar un peligro para la condena.
“Es una suspensión de carácter temporal sobre informaciones que requiere Brasil pero que, en realidad, no produce ningún tipo de afectación dentro de las actividades del Equipo Especial y de la judicialidad”, anotó Vela.
El pasado viernes, el Ministerio de Justicia de Brasil interrumpió la colaboración con las autoridades peruanas siguiendo el ejemplo de la Procuraduría General, que en abril de 2024 anunció la suspensión de la colaboración con el país andino por tercera vez.
Tanto el órgano fiscal como el Gobierno decidieron interrumpir la colaboración por “falta de respeto” a los acuerdos suscritos entre ambos países en 2022 y porque utilizó las pruebas que el Supremo brasileño había anulado en 2023.
En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países, en su mayoría de América Latina.
La constructora admitió haber pagado sobornos para adjudicarse un centenar de proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios calculados en 3.336 millones de dólares.
