Miami (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador por «error» del Gobierno estadounidense y devuelto después con cargos por presunto tráfico de personas, exigieron a una jueza que sancione a la Administración de Donald Trump por ignorar las órdenes judiciales.
La defensa de Ábrego García, a quien El Salvador devolvió a EE.UU. el viernes pasado, pidió a la Corte de Distrito de Maryland, origen del caso, sanciones bajo la Ley Federal de Procedimientos Civiles por las «repetidas violaciones del Gobierno a sus obligaciones», incluyendo el fallo de la Corte Suprema que exigía «facilitar» su retorno.
«La desobediencia del Gobierno no ha sido sutil. Ha sido ruidosa, sostenida y flagrante. La desobediencia de los acusados de las órdenes judiciales ha estado acompañada de tergiversaciones, obstrucción e, incluso, cuestionamientos a la autoridad de la Corte», reza el documento de los abogados disponible este jueves.
Entre los castigos que exige la defensa del salvadoreño están multas financieras, la entrega de documentos que el Gobierno ha «inapropiadamente retenido» o, como alternativa, nombrar a un funcionario especial (‘special master’) que indague la renuencia de la Administración a cumplir con las órdenes de la Corte.
Los abogados afirmaron que las sanciones son «razonables y necesarias a la luz de la conducta atroz del Gobierno», además de considerar que la Administración amerita estos castigos por actuar de «mala fe».
También sostuvieron que las «sanciones menos severas no son apropiadas» porque el Gobierno ha ignorado los antiguos fallos judiciales.
Este hecho es otro escalamiento del caso de Ábrego García, a quien la Administración Trump envió junto a más de 230 inmigrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus legal que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.
El Ejecutivo estadounidense retornó a Ábrego García el viernes pasado, pero lo acusó de cargos federales de tráfico de personas que surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, según detalla el documento judicial.
Los abogados del salvadoreño, quien tiene mañana viernes programada su primera audiencia sobre estas acusaciones en Nashville (Tennessee), han negado que su cliente sea culpable de esos cargos, que le valdrían una pena máxima de 20 años en la cárcel.
