Madrid, 7 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, que incluye varias medidas para avanzar en la exigencias de transparencia en las administraciones, como la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes de todos los altos cargos públicos.
También incluye la regulación, por vez primera, de un régimen de infracciones con la posibilidad de imponer sanciones a los cargos que incumplan las disposiciones legales en materia de transparencia.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado esta reforma como una respuesta obligada a la creciente «desafección» hacia la política, la desinformación, el «negacionismo histórico» y los «discursos antidemocráticos».
«Debemos tomar medidas ambiciosas y ejemplares en materia de transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura institucional. Porque ganar confianza es ganar democracia”, ha enfatizado.
La nueva norma que en su momento se enviará al Congreso se reparte en tres bloques referidos a la transparencia, la participación y los conflictos de intereses.
Multas de hasta 1.000 euros para los altos cargos
Así, las actuales obligaciones para dar publicidad a las actividades de los cargos públicos se amplía a agendas y viajes oficiales tanto para responsables de la Administración como del sector público institucional, hasta el nivel de subdirectores generales.
Se conocerá el número y condiciones retributivas del personal eventual y los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo.
El régimen de infracciones y sancionador para altos cargos será pionero en España, de acuerdo con el IV Plan de Gobierno Abierto, y supone reforzar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que podrá imponer multas «coercitivas» de 600 hasta a 1.000 euros.
En cuanto a la participación ciudadana, se busca reforzarla con «auditorías ciudadanas» que permitirán a los ciudadanos, junto con la Intervención General del Estado, evaluar las actuaciones y políticas del sector público estatal.
Los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir un «pacto de integridad» como condición para su admisión a las ofertas de contratos a fin de prevenir prácticas corruptas y mejorar la lucha contra este fenómeno.
El currículum de los cargos de confianza será público
Sobre los conflictos de intereses, y mientras se tramita en el Congreso la ley de «lobbies», se definen por vez primera para aplicarlo a todo el personal público mediante un «registro de abstenciones».
Habrá, siempre según el anteproyecto que ahora se someterá a los preceptivos informes consultivos, un régimen para prevenir conflictos de intereses del personal eventual, como es el caso de asesores cualificados o personal de confianza de altos cargos, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Se exigirá la idoneidad de este personal, que tendrá que publicar su currículo en el Portal de Transparencia, así como sus declaraciones de actividades y bienes, y también tendrán su propio régimen sancionador.
El ministro López ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la modificación normativa pretende «cumplir con los estándares europeos» y lograr que los ciudadanos «tengan más fácil reclamar frente a la administración cuando se vean lesionados en sus derechos». EFE
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