Madrid, 26 jun (EFE).- Cuando se cumplen 20 años desde la creación de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), el órgano que representa a la sociedad en el sistema universitario apuesta por una mayor participación de las privadas y su presidente, Antonio Abril, señala a EFE que hay que adaptarse a la nueva realidad social.
«Ya representan más de la mitad de los alumnos de máster de este país y casi al 25 % de los alumnos de grado. Queremos ser una asociación que tenga dentro de ella a toda la universidad española y no solo a la universidad pública», señala en declaraciones a EFE en vísperas de que se celebre en las Palmas de Gran Canaria el vigésimo aniversario de este órgano del que previsiblemente saldrán aprobados nuevos requisitos de incorporación.
Unos criterios mínimos de calidad que pasarán por que el nuevo centro público o privado que solicite incorporarse a la Conferencia de Consejos Sociales tenga informes favorables de las agencias de calidad y haya puesto en marcha 10 grados, 6 másteres y dos programas de doctorado en el momento de su solicitud.
También se exigirá estar inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio y acreditar actividades de investigación y transferencia de conocimiento.
Abril explica que la solicitud deberá analizarla primero el Comité Ejecutivo, donde la presencia de universidades públicas es mayoritaria y pasará después a la asamblea general, donde actualmente están representadas 48 universidades públicas y 9 privadas.
De momento hay alrededor de 5 universidades privadas interesadas en participar de las decisiones de los Consejos Sociales, aunque estas deliberaciones en ningún caso son vinculantes dentro del sistema universitario.
El propósito de la Conferencia es modernizar sus estatutos e incorporar comisiones sectoriales, una de centros públicos y otra solo de centros privados.
Carencias de la universidad pública
El presidente de la Conferencia de los Consejos Sociales lamenta que la universidad pública no se haya modernizado en su gobernanza y en su conexión con el mercado laboral.
Recuerda que la universidad no es solo transferencia de nuevo conocimiento sino que también debe estar ligada al tejido productivo y a las empresas, que podrían facilitar su financiación como ocurre en otros sistemas universitarios europeos.
En este sentido resalta el mejor papel que han jugado las universidades privadas.
«Si las universidades públicas fueran más competitivas, más excelentes, con un mejor sistema de gestión y mucha más y mejor financiación, no se habría producido esta eclosión de universidades privadas», avisa mientras incide en que las universidades privadas se adaptan mejor a la empleabilidad del mercado laboral y tiene un profesorado que «trabaja muy cerca del sector productivo».
Abril pone en valor el trabajo que deberían hacer los consejos sociales, que nacieron en 1983 con la función de dar voz a la sociedad (estudiantes, empresas, sindicatos…) para controlar y obligar a la rendición de cuentas, pero que en la práctica no las ejercen, ya que la Ley de Universidades, «una oportunidad perdida», dejó en manos de los gobiernos autonómicos reglamentar estas funciones.
«¿Qué ocurre con las universidades públicas? Que entre las limitaciones del sistema de gestión, la falta de flexibilidad operativa, los inconvenientes que tiene para poder gestionar el magnífico talento de sus personas y la escasa financiación infraestructural de la Universidad tienen muy difícil ser excelentes y, por tanto, competir», añade tras advertir de que «las universidades privadas sí responden a esa línea».
