Redacción América, 28 jun (EFE).- Las personas LGBTIQ en América siguen viendo cómo sus derechos son negados en varios países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como EE.UU. y Argentina, que desde el norte y el sur del continente lideran una acometida contra la diversidad sexual y de género.
América presenta un amplio abanico de contextos legales para las personas LGBTIQ. Desde países como Jamaica, que criminaliza la homosexualidad, hasta otros que reconocen el cambio de género. Sin embargo, una constante en toda la región es que la violencia contra las personas LGBTIQ crece incluso en las naciones con leyes más garantistas.
La violencia persiste
Según el último informe de la red Sin Violencia, que monitorea la situación en diez países de la región, en 2023 fueron asesinadas 364 personas de la comunidad LGBTIQ en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En Brasil, la ONG Grupo Gay da Bahia reporta una muerte violenta vinculada a esta población cada 34 horas.
En Colombia, donde el matrimonio igualitario es legal desde 2016, solo en los primeros cinco meses de 2025 se contaron 43 homicidios. En 2024 la cifra aumentó un 3,8 % respecto al año anterior y se reportaron 689 agresiones sexuales contra personas LGBTIQ, casi dos casos por día. Las mujeres lesbianas y bisexuales sufrieron la mitad de estos ataques.
Por su parte, Brasil sigue siendo uno de los países más mortíferos, especialmente para las personas trans. En 2024, 106 personas trans fueron asesinadas, un 30 % del total mundial según la asociación Trans Murder Monitoring. El matrimonio homosexual se reconoce desde 2011, permite el cambio de género basado en la autopercepción y se han prohibido las terapias de conversión.
México registró 148 asesinatos de personas LGBTIQ en 2024, más de la mitad de ellas mujeres trans, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Estas cifras se dan a pesar de que el país permite el matrimonio igualitario, reconoce la adopción por parejas del mismo sexo en diez estados y autoriza el cambio de género en veinte de las 34 regiones.
Desde 2004, al menos 565 miembros de la comunidad LGBTIQ han sido asesinados en Honduras y más del 98 % de los casos siguen impunes, según el Observatorio de Violencia hacia personas LGBTIQ+.
Derechos LGBTIQ estancados
Desde que Argentina fue pionera en América en reconocer el matrimonio homosexual en 2010, doce países le han seguido la estela. Sin embargo, todavía hay Estados que no lo aceptan, como la mayoría de Centroamérica, Venezuela, Paraguay o Perú, donde una encuesta de 2024 de Ipsos reveló que el 66 % de los peruanos está en contra de reconocer este derecho.
Respecto a la legalización de cambio de género para personas trans, Argentina y Ecuador reconocen esta posibilidad en base de la autopercepción de quien la solicita, mientras que Cuba y Panamá todavía requieren cirugía de reasignación de género para otorgar el cambio y la mayoría de Centroamérica y el Caribe no ha legalizado la transición.
Cinco países del Caribe -Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas- criminalizan las relaciones homosexuales al tener versiones de las llamadas leyes de ‘sodomía’ e ‘indecencia’, que datan de la época colonial y convierten a estas naciones en casos atípicos en el hemisferio occidental.
En Bolivia los crímenes de odio no están tipificados en la legislación y, por lo tanto, no se cuenta con cifras de la violencia por discriminación LGBTIQ, igual que sucede en El Salvador o Guatemala.
La protección para las personas intersexuales es prácticamente nula en la región: solo Colombia y Chile restringen las cirugías a las infancias intersexuales, una práctica denunciada por HRW como innecesaria y dañina física y psíquicamente.
La acometida de Trump y Milei
Este año se cumplió el 50 aniversario del primer desfile LGBTIQ en Washington, pero la celebración se amarga frente a la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra ese colectivo.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado al menos cuatro medidas que los activistas consideran ataques directos contra la comunidad: eliminó el reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen «dos sexos», retiró los pasaportes con género «X», prohibió a mujeres trans competir en deportes femeninos y excluyó a las personas trans de las Fuerzas Armadas.
También ha arremetido contra las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión, provocando que numerosas empresas hayan abandonado estos compromisos o moderado sus posicionamientos para alinearse con su postura.
En la otra punta del continente, los derechos de las personas LGBTIQ en Argentina también atraviesan un marcado retroceso desde la llegada al poder de Javier Milei en diciembre de 2023. El desmantelamiento de organismos clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) profundizó el vacío institucional en esta materia.
Además, los discursos discriminatorios contra las identidades disidentes desde miembros del propio Ejecutivo, como las declaraciones de Milei, cuando vinculó la homosexualidad con la pedofilia, alimentan un clima de violencia y crímenes de odio.
Según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+ de Argentina, en 2024 los ataques en la vía pública aumentaron un 53 % y los asesinatos casi se duplicaron, alcanzando los 140 casos.
Las declaraciones violentas no provienen únicamente de gobiernos conservadores: en 2024, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó a las personas trans como «aberraciones humanas», un pronunciamiento que generó una fuerte condena por parte de defensores de derechos humanos.
Incluso en países relativamente garantistas y con un Gobierno a favor de los derechos LGBTIQ como es Chile, la organización MOVILH denunció en 2024 retrocesos como la negativa a tipificar los asesinatos de mujeres trans como feminicidios. Todo esto, con un aumento de las denuncias por discriminación de un 78,7 % frente al año anterior.
Por el contrario, el Parlamento cubano contempla aprobar en julio una reforma a la ley del registro civil, que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que un cubano pueda cambiar de género sin necesidad de una operación u orden judicial. Mientras que Ecuador cuenta con un reglamento similar aprobado el año pasado.
En Colombia, el Congreso tramita la Ley Integral Trans, que busca establecer rutas específicas de acceso a salud, educación y empleo digno para esta población.
