San José, 23 sep (EFE).- La decisión del Congreso de Costa Rica de mantener el fuero al presidente Rodrigo Chaves pese a una acusación de la Fiscalía por presunto manejo irregular de fondos, intensificó este martes el clima de polarización en el país y avivó los fuegos electorales camino a los comicios del 1 de febrero próximo.
Aunque en Costa Rica no está permitida la reelección consecutiva y el presidente tiene prohibido referirse a temas electorales, Chaves se ha convertido en una figura clave para la campaña electoral por sus constantes críticas a los partidos de oposición, al Poder Judicial, al Congreso y la otras instituciones, por lo cual ya ha sido acusado ante el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política.
En reiteradas ocasiones Chaves ha dicho públicamente que para las elecciones es necesario elegir 40 diputados (más de la mayoría calificada) que impulsen cambios profundos en el país.
Los candidatos se pronuncian
La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano y exministra de Planificación de Chaves, Laura Fernández, se ha presentado como la opción de la continuidad del «Rodriguismo» e incluso ha anunciado que le pedirá al mandatario que sea su ministro de la Presidencia.
«En uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, varios dirigentes políticos, fieles representantes de la política tradicional y añeja que hoy tanto repudiamos los costarricenses, vanamente intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que de esa manera lo debilitaban a él y a la campaña rodriguista», expresó Fernández.
En una inédita votación llevada a cabo el lunes, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero a Chaves contra 21 que se manifestaron en contra, con lo cual no se alcanzaron los 38 votos (mayoría calificada) que se requerían para aprobar el desafuero.
Los principales motivos para que la oposición no consiguiera los votos para desaforar a Chaves fue un fraccionamiento en la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la posición en bloque del Partido Nueva República (conservador) en contra del retiro de la inmunidad.
«En Costa Rica nadie debería estar por encima de la ley. Un grupo minoritario pero significativo de diputados se apartó de ese principio fundamental. Las democracias se sostienen con ejemplos no con privilegios», declaró el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo.
El diputado y candidato presidencial del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, dijo que su bancada decidió ir en contra del desafuero porque lo contrario significaba entregarle las elecciones al partido de Chaves, pues se habría convertido en una especie de «mártir».
Los legisladores que votaron a favor de retirar el fuero argumentaron que existen pruebas suficientes para abrir un juicio.
«Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él. Y esa es la mayor herida al principio de igualdad ante la ley», afirmó Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional.
El proceso penal
Con la decisión del Congreso, el proceso penal se detiene y podría reactivarse cuando el presidente termine su mandato el próximo 8 de mayo.
La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, de servicios de comunicación de la empresa RMC La Productora S.A., con 405.000 dólares donados por el BCIE.
Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial, y habría dado parte del dinero a Federico Cruz, asesor del presidente Chaves.
El delito de concusión sanciona con penas de dos a ocho años de cárcel «al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial».
Douglas Marín
