Los partidos de Sumar elevan la presión sobre Sánchez entre amenazas de ruptura

El diputado de Sumar y En Comú Podem y secretario primero del la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ofrece una rueda de prensa después de la reunión del citado órgano rector y de representación colegiada del Congreso de los Diputados, este martes en la Cámara Baja en Madrid. EFE/ Javier Lizón

Madrid, 17 jun (EFE).- Los partidos que integran el grupo parlamentario Sumar han elevado este martes la presión sobre sus socios de Gobierno del PSOE por el caso Koldo, hasta el punto de que algunos han amenazado con la ruptura mientras que otros han planteado a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.

La portavoz de Compromís dentro de la coalición Sumar, Àgueda Micó, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso que acoge reunión de la Junta de Portavoces. EFE/ Javier Lizon

Fuentes de Sumar reconocen que las formaciones del grupo viven un dilema, ya que no quieren hacer nada que facilite un posible gobierno de PP y Vox, pero tampoco se conforman con las explicaciones dadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y le exigen medidas más contundentes contra la corrupción.

El diputado de CHA dentro de la coalición Sumar, Jorge Pueyo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso que acoge reunión de la Junta de Portavoces. EFE/ Javier Lizon

En general, reconocen que todos los escenarios están abiertos a la espera de nuevas informaciones sobre el caso Koldo después del informe de la UCO del pasado jueves, que señala que el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Pero mientras Movimiento Sumar, Más Madrid e IU se mantienen más cautos, otros partidos como los comunes, Compromís y la Chunta Aragonesista han elevado este martes la presión sobre sus socios en sus respectivas ruedas de prensa en el Congreso.

El diputado de los comunes Gerardo Pisarello ha reconocido que la confianza con los socialistas está rota y ha señalado que no descartan una posible salida del Gobierno de coalición si llegan más informaciones comprometedoras sobre el caso Koldo.

Visiblemente enfadada, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado que Sánchez tiene responsabilidad política por haber confiado en Cerdán y en Ábalos, y le ha pedido un cambio de paradigma para mantener el apoyo de su formación.

«Si no lo quiere hacer, o no lo puede hacer porque hay otros intereses, tendrá que darnos explicaciones, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Y veremos si le damos el apoyo o no le damos el apoyo», ha avisado la diputada, que asegura que su prioridad ahora no es salvar a Sánchez, sino proteger a los ciudadanos.

Además, ha informado de que esta misma semana decidirán si siguen en el grupo Sumar o se pasan al Mixto, un asunto que estaba pendiente desde antes del informe de la UCO, al no haberse atendido las peticiones de Compromís para que Sánchez comparezca en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

El diputado de la Chunta, Jorge Pueyo, asegura que hay una pérdida de confianza total hacia el PSOE, al que ha acusado además de no haber atendido muchas de sus peticiones en lo que va de legislatura.

«El PSOE ha ido por libre estos dos años, lo ha hecho maltratando a sus socios ¿y ahora nos piden que aguantemos? Pues ya veremos», ha declarado.

Por su parte, la portavoz del grupo Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido que hay un «profundo malestar» con el PSOE, pero ha subrayado que la solución «no pasa por entregar el Gobierno al partido de la Gürtel y de la extrema derecha», sino por recuperar la confianza ciudadana y cumplir con los acuerdos de la coalición.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha pedido avances al PSOE y le ha instado a apoyar la proposición de ley que acaban de registrar para reformar el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público y bloquear el acceso a recursos públicos de empresas investigadas por delitos de corrupción.