Madrid, 29 abr (EFE).- Los partidos políticos han pedido la comparecencia de ministros y de responsables de Red Eléctrica por el apagón, además de la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado que aprovechará su intervención del 7 de mayo en el pleno del Congreso para abordar este asunto.
Sánchez tenía previsto comparecer ese día en el pleno para hablar de seguridad y defensa, pero este martes ha anunciado que también informará sobre el apagón eléctrico sufrido el lunes en toda la península.
El propio Sánchez ha avanzado la creación de una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica para aclarar lo sucedido y ha dicho que exigirá responsabilidades a “todos los operadores privados”, mientras que otros partidos han puesto el foco en el Gobierno y en Red Eléctrica.
El PP reclama una explicación adecuada al Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la imagen que España está dando por el apagón es “lamentable” y ha criticado al Gobierno por no asumir el mando después de que varios presidentes autonómicos pidieran la declaración de emergencia nacional.
Feijóo, que no ha participado finalmente en la apertura del Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, donde aprovechará para hablar del apagón con líderes europeos, ha reclamado una “explicación adecuada” por parte del Ejecutivo.
Finalmente, Sánchez ha hablado por teléfono con Feijóo este martes por la tarde para informar sobre la situación del apagón, después de no haber podido hacerlo por dificultades técnicas este lunes, día en que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hizo ronda con los portavoces parlamentarios.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado que Sánchez siga sin dar “información real” sobre la causa del apagón tras su tercera comparecencia, celebrada este martes, y ha señalado que su partido no descarta la posibilidad de solicitar una comisión de investigación en el Parlamento.
Peticiones de comparecencia del Gobierno y Red Eléctrica
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ido más allá al acusar al Gobierno de retener información y hacerlo responsable directo del apagón, mientras su partido ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, así como de 17 ministros, entre ellos las tres vicepresidentas: María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen.
Vox ha dejado únicamente fuera del listado a los titulares de Exteriores, Interior, Agricultura, Vivienda e Igualdad, y ha recordado que no tiene capacidad técnica para solicitar que comparezca Sánchez, aunque está a favor de que lo haga.
Los que sí han pedido la comparecencia de Sánchez han sido sus socios de investidura de ERC y BNG, que han reclamado también explicaciones en el Congreso a varios ministros y a la presidenta de Red Eléctrica de España, entre otros responsables.
Además, ERC ha registrado por su cuenta en el Senado peticiones de comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que expliquen su actuación en el apagón.
Y Junts, otro de los socios de investidura de Sánchez, ha pedido la comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado de Aagesen, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la presidenta de Red Eléctrica.
Sumar, Podemos e IU evitan “peleas partidistas”
El partido Movimiento Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha pedido centrar los esfuerzos en proteger y acompañar a las personas afectadas por el apagón y no enredarse en las “peleas partidistas”, al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios públicos.
Podemos, normalmente muy crítico con el Ejecutivo, ha evitado comentar el papel del Gobierno durante el apagón y su líder, Ione Belarra, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el Estado del bienestar y los servicios públicos.
“Llegará el momento, si es su caso, de exigir responsabilidades”, ha dicho.
También IU ha destacado el “valor irreemplazable de los servicios públicos” y ha exigido, por otro lado, “una planificación democrática de la energía, garantizar derechos laborales y poner freno a los beneficios obscenos de las eléctricas”.
