Mérida, 25 jun (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles el nuevo contrato del servicio de los hogares destinados a menores para el cumplimiento de medidas judiciales, que contarán como novedad con un mínimo de dos trabajadores las 24 horas del día los siete días de la semana y botón del pánico ante situaciones de violencia.
Una educadora social fue asesinada el pasado mes de marzo por tres menores en una de estas viviendas en Badajoz, lo que provocó manifestaciones en varias puntos de España en demanda de mejoras laborales y de seguridad para este colectivo.
El contrato, que afecta a tres hogares de Cáceres y Badajoz, se duplica hasta los 3.547.621,88 euros, con una financiación del 85 por ciento con cargo al Fondo Social Europeo Plus, según ha informado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una rueda de prensa.
La consejera ha explicado que se encontraban trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de mejora del contrato vigente cuando sucedió el «fatídico hecho», en alusión a la muerte de la educadora social, y ahora dan respuesta al compromiso adquirido con los colegios y asociaciones de profesionales del ámbito social.
Ha señalado que el nuevo contrato «contribuirá a garantizar las condiciones de seguridad y calidad en su trabajo».
Para ello, han duplicado el presupuesto base de licitación, de 1,8 a 3,5 millones de euros, y entre las condiciones impuestas se contempla una ampliación del número de profesionales para garantizar la presencia de dos, al menos, en cada turno.
«No volverán a quedarse solos, tal y como llevan demandando -los trabajadores- desde hace años», ha recalcado.
La consejera ha comentado que se introduce una nueva categoría profesional, con un perfil relacionado con el control, la seguridad y la contención, «la de auxiliar de control educativo», que se suma a los actuales Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Auxiliares Técnicos Educativos, dentro de un equipo multidisciplinar.
García Espada ha expuesto que será obligatorio disponer de un sistema de alarma, tipo «botón del pánico», que garantice una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.
Además de un protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia; y de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, «que deberá utilizarse tanto durante el proyecto educativo como en el informe final de cada residente», ha precisado.
El proyecto educativo para cada joven deberá contemplar medidas que vayan más allá de lo asistencial, incluyendo actividades formativas, intervención psicosocial y terapéutica, fomento de hábitos de vida saludables y apoyo real a la inserción sociolaboral, con un objetivo claro, ha dicho García Espada, «prevenir la reincidencia y facilitar la verdadera reintegración social de los menores».
