San José, 30 sep (EFE).- La expansión y normalización de los esquemas de préstamos informales en Costa Rica se han convertido en una amenaza para la seguridad ciudadana ya que se combina con otros fenómenos como la usura, la extorsión y, en muchos casos, la violencia, alertó este martes un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La investigación arrojó que los préstamos conocidos popularmente como ‘gota a gota’ son utilizados por personas entre los 35 y 44 años, con secundaria incompleta, que necesitan créditos en promedio entre los 200.000 colones y 350.000 colones (entre 400 y 700 dólares).
También son utilizados por la población que requiere acceso a financiamiento rápido, ya sea para atender algún tipo de emergencia de salud, compra de insumos o consumo de corto plazo. Sin embargo, los préstamos ofrecidos cuentan con tasas de interés que pueden superar el 20 % semanal o mensual aproximadamente, muy por encima del tope legal del 38% anual.
«El ‘gota a gota’ no es solo un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica. Su erradicación requiere una combinación de alternativas financieras formales, políticas sociales y medidas judiciales”, afirmó en la presentación la coordinadora residente de ONU Costa Rica, Allegra Baiocchi.
El estudio titulado ‘Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno gota a gota en Costa Rica’, fue realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) con apoyo de la Oficina de Coordinación de ONU Costa Rica, a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y con el financiamiento del Joint SDG Fund para caracterizar por primera vez la estructura, operación e impacto de estas redes.
«Hasta el momento se identificaron que son redes pequeñas (ocho personas en promedio), aunque se han identificado estructuras más grandes con alta liquidez. Sus estrategias de cobro están basadas en la intimidación», explica el estudio.
«Por ejemplo, cuando hay impago, las redes aplican tres estrategias principales: Refinanciar la deuda con más capital e intereses, revender la deuda a otras redes criminales y ejercer intimidación psicológica, amenazas, hurto de bienes o violencia física», agregó.
Según las autoridades, las denuncias por extorsión cobratoria relacionadas con estos préstamos sumaron 2.018 casos entre 2023 y 2024, concentrándose en San José (55,89%), pero con presencia en todas las provincias del país. Además, se muestra un patrón estacional, ya que las denuncias aumentan entre mayo y octubre, con un pico en octubre.
Frente a este escenario, el estudio plantea una serie de recomendaciones para la prevención y combate del ‘gota a gota’, como fortalecer la inclusión financiera con productos accesibles para poblaciones excluidas, implementar educación financiera diferenciada por segmentos (jóvenes, adultos mayores, personas emprendedoras y jefes de hogar) y lanzar campañas de prevención con testimonios reales y canales accesibles de denuncia.
Al mismo tiempo, crear un grupo para la protección de víctimas, el intercambio y análisis de información judicial y financiera y uso coordinado de herramientas penales y administrativas, así como identificar e incautar activos de alto valor vinculados a esquemas ‘gota a gota’ como vehículo o inmuebles.
También se requiere desarrollar un sistema de monitoreo financiero preventivo que identifique operaciones sospechosas y establecer un sistema de alerta temprana.
Un informe elaborado en 2024 por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) de Costa Rica reveló que los créditos informales ascendían a unos 84 millones de dólares y que muchas personas que han tomado esos préstamos han recibido amenazas para que paguen.
