Murcia, 30 abr (EFE).- El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) convocará en los próximos días a las administraciones de Murcia, Almería y Alicante, a políticos de todos los signos de las tres provincias y a las organizaciones agrarias y empresariales para tratar de parar “esta locura de restricción [de los envíos de agua] sin ofrecer nada a cambio” que supone la propuesta para modificar las reglas de explotación del trasvase.
“Todos estamos conectados en nuestra economía y un apagón en una parte de la economía tendrá efectos en todos los sectores”, ha advertido en rueda de prensa el presidente del sindicato, Lucas Jiménez, que no ha ahorrado en críticas contra la propuesta que presentó ayer, martes, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para modificar las reglas de explotación.
Esa modificación estaba pendiente desde 2023, cuando se aprobaron los nuevos planes de cuenca del Tajo y, para Jiménez, el cambio se plantea precisamente ahora coincidiendo con la situación extremadamente favorable en los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, que han propiciado que por primera vez se alcance el nivel 1, de máximos trasvasables, por los que el Levante va a recibir la cifra histórica de 180 hectómetros cúbicos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
Con ese alto volumen de caudales trasvasados, ha subrayado, el Gobierno central se ha visto obligado a ofrecer una compensación al presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Page, al que ha tachado de “vocinglero” y ha acusado estar “desaforado en su ataque, que casi roza lo personal”, al SCRATS.
La propuesta para las nuevas reglas de explotación parte de un informe técnico elaborado por el CEDEX, cuyo trabajo no ha cuestionado el líder de los regantes, si bien sí ha considerado que el organismo recibió de la anterior ministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, una directrices claras para que las reglas no tocaran el trasvase en lo relativo al consumo humano, sino solo al regadío, y para que mantuvieran en niveles máximos los embalses de cabecera, como así ha sucedido.
La propuesta, ha dicho, convierte el nivel 1, el más favorable, en “una quimera imposible de conseguir” al elevar las reservas necesarias de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos, situación que no se habría alcanzado ni siquiera en un año “milagroso” de lluvias como el actual.
En ese nivel, se mantendrían los trasvases de 60 hectómetros cúbicos como actualmente, mientras que el nivel 2 rebaja el máximo trasvasable de 24 a 18 hectómetros cúbicos y el nivel 3 pasa de 11 a 9 hectómetros cúbicos, cambios que serán progresivos hasta 2027.
Las reservas mínimas para poder hacer trasvases serán con las nuevas reglas de 531 hectómetros cúbicos frente a los 400 actuales, lo que Jiménez ha calificado como “un dardo envenenado” y que acabará con los regadíos y la agricultura.
Sin embargo, en su opinión, más relevante aún que estos recortes, y “más indignante”, es el hecho de que la única alternativa que propone el Ministerio para compensar esta pérdida de recursos hídricos es la desalación, pese a que este sistema de producción no cubre las necesidades del regadío del levante y no hay fondos para crear nuevas plantas.
La solución de la desalación, ha dicho, recuerda a las películas de Lina Morgan en los años 60 y el “timo de la estampita”: “Ese billete falso hoy se llama desalación. La desalación que existe no cubre el golpe al regadío murciano”, ha insistido.
Para compensar la reducción del trasvase, ha apuntado, se calcula que se necesitarían inversiones por valor de 3.000 millones de euros en plantas de desalación, pero no hay “ni un duro” de fondos públicos previstos para ello, y las comunidades de regantes no pueden financiar ese recurso alternativo, ha insistido.
Por todo ello, ha considerado que “debe haber movilizaciones” para parar este proyecto, que la próxima semana se publicará en forma de Real Decreto en el BOE (hasta ahora solo se conoce un resumen del mismo) y se expondrá a información pública, antes de pasar por el Consejo Nacional del Agua (órgano consultivo no vinculante) y el Consejo de Estado, para se aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros.
Dados los plazos administrativos, Jiménez ha considerado que esa aprobación no tendrá lugar hasta el próximo año hidrológico, que comienza el 1 de octubre.
