Asunción, 1 may (EFE).- Los sindicatos en Paraguay marcharon este jueves para exigir salarios dignos, la creación de puestos de trabajo para combatir la informalidad y políticas que garanticen la libertad de la organización sindical.
El microcentro de Asunción sirvió de escenario para las movilizaciones y mítines de la Corriente Sindical Clasista (CSC), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), que se volcaron a las calles con motivo del Día Internacional del Trabajo.
Una de las concentraciones tuvo lugar frente al Panteón de los Héroes -que alberga los restos de los próceres nacionales-, donde la Corriente Sindical Clasista reclamó un aumento del salario mínimo, establecido en 2.798.309 de guaraníes (unos 348,40 dólares).
“El costo de vida que fija este Consejo (Nacional del Salario Mínimo) está completamente desfasado, inclusive hablamos en un 50 %”, dijo a EFE el líder de la CSC, Eduardo Ojeda, quien aseguró que están “en desacuerdo con la política salarial”.
El dirigente, quien planteó que el salario mínimo debería rondar los 6 millones de guaraníes (unos 747,02 dólares actuales), consideró además que “de parte del Estado no hay una política para generar puestos de trabajo” y que permita bajar los niveles de informalidad en el mercado laboral, que ronda el 63 % de la población ocupada.
También advirtió que en Paraguay “no hay libertad sindical”, lo que, según dijo, se evidencia en que “casi no hay sindicatos en el sector privado”.
“Hoy prácticamente es imposible sindicalizarse y los pocos sindicatos que están todavía organizados son los que estamos resistiendo”, destacó.
A escasos metros del Panteón, en la plaza de la Democracia, la presidenta de la CUT, Mirta Arias, reclamó la reducción de la jornada laboral como una forma de “generar puestos de trabajo”, así como “empleos dignos para combatir la informalidad” y “el cumplimiento de las leyes laborales” por parte del Gobierno del presidente Santiago Peña.
Por su parte, el presidente de la CNT, Miguel Zayas, pidió en su intervención “la inmediata revisión” de una ley para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), promulgada por Peña en enero pasado, por considerar que no obliga al empleador a pagar la seguridad social de los trabajadores.
Esta ley creó beneficios para las microempresas, como el acceso a la seguridad social para los trabajadores y propietarios, con una base imponible del 80 % del salario mínimo legal, y permite contratos a un plazo determinado hasta 36 meses sin indemnización y preaviso, según una nota del Ministerio de Industria y Comercio.
