Madrid, 18 jun (EFECOM).- Las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral presentadas este miércoles por PP, Vox y Junts han dejado en el aire la aprobación de esta medida, que todo apunta a que decaerá si no se logra un acuerdo para que la formación independentista retire su veto.
Las tres formaciones han presentado sus vetos en el último día de plazo y, si alguno de ellos saliera adelante -algo factible, ya que suman una mayoría absoluta de 177 escaños: 137 el PP, 33 Vox y 7 Junts-, la ley sería devuelta al Gobierno, con lo que se pondría fin a su tramitación parlamentaria.
Aún así, Sumar seguía insistiendo este miércoles en que todavía hay «margen para la negociación» para que Junts retire su enmienda y desista de apoyar las otras dos, lo que permitiría a la ley continuar la tramitación.
Junts reclama un diálogo «real y riguroso»
Precisamente el texto de la enmienda de Junts reclama al Gobierno que abra un proceso de diálogo social «real y riguroso» para volver a evaluar la reducción de la jornada laboral, dado que la situación económica global ha cambiado y hace necesario un análisis exhaustivo de políticas que pueden comprometer la viabilidad de las pymes.
La formación pide que se negocie una reducción de jornada más «flexible, equilibrada y gradual» y coincide con la patronal, al asegurar que «solo el acuerdo entre los trabajadores y la empresa» puede garantizar que se progrese en ese sentido.
A su juicio, reducir por ley la jornada laboral «puede conllevar el efecto contrario al deseado», con un impacto desigual tanto sectorial como por territorios y con mayores dificultades de aplicación en el ámbito de las microempresas y las pymes.
El PP critica que no esté pactada con la patronal
La enmienda del PP justifica el veto en que la reducción de jornada se ha aprobado «al margen del diálogo social», sin contar con la patronal, sin respetar la negociación colectiva en las empresas que ya tienen pactada una jornada ni tener en cuenta la situación económica de cada sector.
El texto afea que la norma «se basa en argumentos poco rigurosos y populistas», sin evaluar el impacto sobre la actividad y el empleo del que han alertado la CEOE, Cepyme, ATA y Fedea, y defiende que la reducción de jornada debe debatirse junto a otros elementos como la productividad, el absentismo o la reducción de la burocracia.
Por ello, aboga por una implementación «gradual, progresiva y flexible» que tenga en cuenta otras medidas como crear un «banco de horas», al tiempo que carga contra la sustitución del registro horario por uno digital «más estricto e intervencionista y con sanciones desproporcionadas por incumplimiento».
Vox asegura que pone en riesgo a las pymes
Por su parte, Vox alega que la «reducción forzosa» de la jornada laboral supondrá un incremento de los costes laborales, lo que erosionará la productividad de las empresas españolas, que ya está por debajo de la media, e incrementará la precariedad laboral.
En concreto, Vox asegura que los «grandes perjudicados» serán las pymes, que verán «en riesgo» su viabilidad económica, así como los sectores con mayor presencialidad, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración
Para la formación, esta medida «pretende introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales, poniendo el foco en el tiempo de trabajo» en lugar de en la inestabilidad laboral o los salarios. «A los españoles cada vez les dejan trabajar menos», lamenta.
El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales llegó al Congreso el pasado 13 de mayo y se tramita por el procedimiento de urgencia, a pesar de lo cual la Mesa de la cámara ya ha prorrogado cuatro veces el plazo de presentación de enmiendas parciales, la última de ellas hasta el próximo 25 de junio.
