São Paulo, 30 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que es «inaceptable la interferencia» del Gobierno de Estados Unidos en la Justicia brasileña, tras la nueva sanción impuesta al juez de la Corte Suprema que lleva los casos del exmandatario Jair Bolsonaro.
«Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia», dijo el mandatario en una nota titulada ‘Brasil es un país soberano y democrático’.
La Administración del presidente Donald Trump aplicó este miércoles la Ley Magnitsky al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes, esta ley autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
En la práctica es una sanción financiera, puesto que bloquea los posibles bienes y propiedades del magistrado en EE. UU. y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
De Moraes es el juez instructor de los procesos abiertos contra Bolsonaro, entre ellos uno por «liderar» un complot golpista contra Lula, tras perder las elecciones de 2022, según la Fiscalía.
Lula se solidarizó con el juez y señaló que las sanciones están motivadas «por la acción de políticos brasileños que traicionan» al país «en defensa de sus propios intereses», en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista y quien se encuentra en EE.UU. en busca de sanciones para ayudar a su padre.
«En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas», manifestó el jefe de Estado.
Trump también firmó este miércoles la orden ejecutiva que establece un arancel del 50 % para buena parte de las importaciones brasileñas. El dirigente republicano justificó esa sanción como una represalia al juicio que afronta Bolsonaro por golpismo.
En ese punto, Lula consideró «injustificable el uso de argumentos políticos para validar» el arancel.
«La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional y contra la propia relación histórica entre ambos países», indicó el gobernante, al tiempo que recordó el superávit que ha acumulado en los últimos años EE. UU. en la balanza comercial con Brasil.
Con todo, reiteró que su país «sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales», sin renunciar a los instrumentos de defensa previstos en su legislación, que prevén poder responder con reciprocidad.
Lula también informó que está evaluando los impactos del arancel y las posibles acciones que tomará «para apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas».
