Madrid, 7 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que va a regular el Plan Veo, dotado con 47,7 millones para la concesión directa de ayudas de 100 euros a menores de 16 años para la adquisición de gafas, lentes graduadas y de contacto.
Esta subvención cubrirá parcialmente a cada beneficiario el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.
La ayuda se tramitará mediante concesión directa, de modo que los beneficiarios -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.
El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47,7 millones de euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios: este 2025 se asignará una dotación inicial de 1 millón y el resto en 2026.
La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones practicadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.
El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), como entidad colaboradora, asumirá las funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa.
Defectos de refracción como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo afectan a entre el 10 % y el 30 % de la población en edad escolar en España pero las prevalencias van en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores, destaca el Ministerio de Sanidad.
En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.
Numerosos estudios han constatado que los menores de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas, por lo que el Gobierno pretende con esta ayuda actuar como una herramienta de equidad.