Madrid, 1 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha formalizado este martes la demanda del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra la Ley de Eficiencia de la Justicia, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los primeros tribunales de instancia contemplados en dicha norma.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a la nueva aula de formación de formación para los funcionarios de la Administración de Justicia.
García Martín ha recalcado que la madrileña no es una administración «insumisa» y por eso ha cumplido en plazo con la ley: así, hoy echan a andar los primeros tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la región, además de 126 oficinas de Justicia (antiguos juzgados de Paz).
No obstante, el consejero se ha quejado de que la reforma «se ha hecho sin contar con el Poder Judicial» y «sin contar con las comunidades autónomas», y además «sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo necesario».
La Comunidad de Madrid considera que, «por el principio de lealtad institucional», el Estado debe «establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas».
En este caso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calcula que la implantación de esta ley le costará, en su primer año en vigor, 43 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad serán gastos «estructurales».
Por ello, Madrid exige al Gobierno que evalúe los costes reales y posibilite los instrumentos necesarios para resarcir económicamente a las comunidades autónomas.
No obstante, el Gobierno sostiene que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años.
