Ciudad de Panamá, 23 may (EFE).- Centenares de docentes y obreros de la construcción, que adelantan un paro gremial que cumple un mes, marcharon este viernes en Panamá en rechazo a lo que dicen es la “judicialización” de las protestas sociales en contra de las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino.
La marcha, que fue convocada por el sindicato de la Construcción, Suntracs, cuyo secretario general Saúl Méndez se refugió este miércoles en la embajada de Bolivia al alegar persecución, partió desde un céntrico parque de la capital con la intención de llegar hasta el palacio presidencial, en el casco viejo de la ciudad.
Las protestas en Panamá se vienen dando desde el pasado 23 de abril, cuando varios sindicatos de docentes del sector público dieron inicio a un paro gremial al que se unieron después los obreros de la construcción, para exigir la derogación de la Ley 462 de 2025 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) que, denuncian, privatiza sus servicios y compromete el sistema de pensiones.
Este par de sindicatos también rechazan un acuerdo de seguridad entre el Gobierno de Panamá y EE.UU. suscrito en abril pasado, así como los planes de reactivación de una gran mina de cobre administrada por la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y cuya concesión fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.
Los manifestantes marcharon con telas y pancartas en las que se podía leer “Los educadores de Coclé (provincia central panameña) dicen no a la Ley 462”, y “La salud no es negocio: fuera los piratas de la Caja de Seguro Social”, entre otras.
Rechazo de judicialización
Fernando Ábrego, que es el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), criticó los procesos judiciales que siguen en contra de los líderes de sectores populares, mientras que según dijo a EFE “a los ricos que roban millones y que se roban los sueños del pueblo panameño le dan salvoconducto para que gocen de la riqueza robada en otros países”, afirmó en referencia al expresidente Ricardo Martinelli.
Por el contrario, “a los patriotas, a los luchadores sociales, a los gremialistas y sindicalistas se le aplica el rigor de la ley (…) con expedientes amañados, con pruebas falseadas, falsedad ideológica en la construcción de todos esos expedientes”, añadió Ábrego
“Están judicializando la protesta social, están persiguiendo a los dirigentes que contestamos porque queremos un Panamá diferente que es posible, porque luchamos por justicia social y porque la dignidad se haga costumbre en este país, en nuestro pueblo y lo seguiremos haciendo hasta alcanzar el objetivo”, remarcó el líder docente.
En medio de estas protestas, el principal líder sindical del país, Saúl Méndez, se refugió el pasado miércoles en la embajada de Bolivia al alegar persecución política, acusación que el Gobierno niega. Bolivia le ha dado “protección temporal” mientras analiza el asilo.
La Fiscalía ordenó además la aprehensión de “ciudadanos panameños en el marco de una investigación penal que data del año 2022”, a raíz de una “querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción (…) quienes se encontraban afiliados al Suntracs”.
Entre esos ciudadanos hay 11 dirigentes del Suntracs, uno de ellos sería Méndez, según medios locales. Otro dirigente del sindicato se entregó este jueves a las autoridades panameñas.
Un acercamiento al diálogo
El dirigente magisterial Jorge Aparicio expresó a EFE que espera que la población le dé su apoyo y se “solidarice con este movimiento que definitivamente va en crecimiento” y que también apuesta por el diálogo.
“Lo que tratamos al final de lograr con esta medida es lograr un acercamiento con el gobierno, ya que ha mostrado su posición intransigente de no negociar y lo que estamos mostrando es que sí queremos sentarnos para encontrar una salida viable a esta situación”, dijo Aparicio y resaltó que “evidentemente la Ley 462 es uno de la de los temas más neurálgicos”.
