Marco Rubio y congresistas de EE.UU. lamentan la condena judicial contra Uribe en Colombia

Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios congresistas estadounidenses condenaron este lunes el fallo de un tribunal colombiano que declaró al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) culpable de los delitos de soborno y fraude procesal.

«El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria», afirmó Rubio en la red social X.

El secretario de Estado denunció, además, que el fallo de la jueza Sandra Heredia se debe a que la Justicia en Colombia está politizada.

«La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante».

Las críticas de Rubio estuvieron acompañadas de comentarios similares de congresistas estadounidenses, como los representantes por Florida María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, entre otros.

«Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela», dijo Salazar en X.

«Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!», agregó.

En mismo tono se expresó Díaz-Balart, que expresó que «la decisión del juicio farso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribees una evidente violación del estado de derecho».

Además, lamentó «el avance de fuerzas extremoizquierda de (el presidente actual), Gustavo Petro», que deterioran la democracia y la seguridad en Colombia.

Este lunes, Uribe fue hallado culpable de dos delitos, soborno en actuación penal y fraude procesal, en un juicio que él considera producto de una persecución de la izquierda.

Este fallo abre la posibilidad de que el expresidente, de 73 años, deba pagar la pena en prisión.