San Fernando de Henares (Madrid), 18 sep (EFE).- El abogado José Antonio Choclán ha pedido en el juicio que el empresario David Marjaliza sea condenado a la «pena mínima legal» en la causa seguida por adjudicaciones de ayuntamientos a Cofely a cambio de comisiones y dádivas tras once años colaborando para esclarecer el caso Púnica.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves con informes de las defensas la vista en la que se sientan en el banquillo 36 acusados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de la Comunidad de Madrid, por adjudicaciones millonarias aprobadas por ayuntamientos entre 2012 y 2014 de contratos de servicios de eficiencia energética a la citada empresa supuestamente a cambio de comisiones y regalos.
Las fiscales piden seis años y medio de cárcel para el exalcalde de Collado Villalba Agustín Juárez, cinco años para los de Móstoles Daniel Ortiz Espejo y Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, cuatro años y medio para el de Sevilla la Nueva Mario Utrilla y dos años y tres meses para el de Valdemoro José Carlos Boza, todos regidores del PP en dichas localidades madrileñas en la época de los hechos.
Igualmente solicitan dos años y seis meses de inhabilitación para el exalcalde del PP de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato.
Las fiscales han reducido de una forma significativa sus peticiones de condena para catorce acusados que confesaron los hechos, entre ellos tres exalcaldes de localidades madrileñas.
De esta forma han rebajado de 11 a dos años y cuatro meses de cárcel su solicitud para el exalcalde de Parla José María Fraile (del PSOE), de nueve años y medio a dos años y diez meses de prisión para el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (de UDMA), y de nueve años y medio a tres años y cinco meses de inhabilitación para el de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP).
En su informe el abogado de José María Fraile ha dicho que incluso procede rebajar aún más la pena finalmente solicitada para él teniendo en cuanta las «dilaciones indebidas muy cualificadas en el procedimiento», la reparación del daño por su «extraordinario esfuerzo, dada su capacidad económica, para atender sus responsabilidades pecuniarias aportando 522.960 euros» y su arrepentimiento.
Los letrados de Gonzalo Cubas y Antonio Sánchez también creen que deben rebajarse aún más la penas de prisión y multas pedidas.
Entre los acusados que confesaron los hechos está David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como ‘conseguidor’ de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Las fiscales han rebajado su petición de pena para Marjaliza de once a siete años de prisión.
Durante su informe este jueves su letrado ha estimado que incluso debe ser reducida aún más la pena teniendo en cuenta que hay que aplicarle como «muy cualificadas» las circunstancias atenuantes de confesión y colaboración con la justicia y de reparación del daño por las cantidades de dinero y de efectos que ha puesto a disposición de la justicia, al margen de las dilaciones indebidas en el procedimiento.
José Antonio Choclán ha recordado que «mucha de la prueba de cargo» utilizada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones en el jucio fue aportada por Marjaliza desde el primer momento de la investigación incluso aportando documentos que no habían sido incautados en los registros y que ayudó a interpretarlos y a explicar las cantidades de dinero que se movieron en sobres para el pago de la comisiones.
Por ello ha considerado que «no ha realizado una confesión sino que lleva colaborando en auxilio de la investigación desde hace once años», lo que en otros países supondría incluso que se le eximiera de responsabilidad penal.
Ha añadido que Marjaliza ha depositado 20 millones de euros y ha puesto a disposición de la justicia bienes inmobiliarios y obras de arte que están expuestas en el museo Reina Sofía de Madrid, además de colaborar para repatriar a España 8 millones de euros de una cuenta bancaria en Suiza.
