Madrid, 10 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha recalcado este lunes que el acuerdo migratorio entre el PSOE y Junts no implica la cesión del control de fronteras, que seguirá en manos de la Policía y de la Guardia Civil, ni tampoco de los flujos migratorios irregulares.
“La Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras, una vez que se apruebe la ley de la ley de Delegación de facultades”, ha señalado Marlaska en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir el acto de homenaje con motivo de la conmemoración, mañana 11 de marzo, del Día Europeo de las víctimas del terrorismo.
Tras pedir una “lectura sosegada” del acuerdo migratorio, el ministro del Interior ha querido dejar claro en su primer pronunciamiento público sobre este pacto que no existe “ninguna cesión en el control de fronteras” y que éste se enmarca en “ampliar las capacidades de autogobierno” de Cataluña para “ser más eficaces en la prestación del servicio público”.
“Siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias”, ha reiterado el ministro que ha sido tajante: “La Policía Nacional será quién acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes. Los Mossos de Esquadra actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición”.
Respecto al control de “los flujos migratorios irregulares” y las devoluciones de migrantes que acceden a territorio español de forma irregular, Marlaska ha explicado que tampoco existe “ninguna cesión” y que la proposición “no modifica nada sobre la situación actual”, porque la sanción que conlleva esta irregularidad es la expulsión, una competencia de la Administración General del Estado.
“Otra cosa”, ha añadido el ministro, son las devoluciones que no exigen un expediente, por ejemplo, de quienes tienen prohibido entrar en territorio nacional o a quienes se les sustituye la pena de prisión por una expulsión del país.
No obstante, Marlaska ha subrayado que el texto tiene que someterse a su tramitación y, por tanto, a que los grupos parlamentarios propongan enmiendas hasta que exista un texto definitivo.
Respecto a que el conocimiento del catalán sea un requisito para lograr la residencia, el ministro ha asegurado que la legislación actual determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales.
“Es un elemento que determina evidentemente circunstancias como el arraigo susceptibles de ser valorable; En modo alguno y también va a ser determinante que una persona tenga la residencia o sea expulsada. Eso es algo obvio”, ha dicho.
Fuentes de su departamento han precisado que el ministro ha considerado que saber catalán por parte de un extranjero no será determinante pero sí un requisito a tener en cuenta.
