Almería, 30 jul (EFE).- Unas 1.400 personas, entre ellas casi 300 menores de edad, viven en infraviviendas “invisibles” diseminadas por el campo de Níjar, ocultas entre cortijos en ruinas, almacenes agrícolas y casetas de aperos, según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería.
El estudio, titulado ‘La infravivienda invisibilizada’, ha sido elaborado a partir de un trabajo de campo intensivo durante la primavera de 2025. A través de observación directa, entrevistas, mapeo y análisis catastral, el equipo del SJM-Almería ha localizado unas 470 edificaciones utilizadas como vivienda precaria, la mayoría fuera de normativa urbanística y en condiciones materiales inadecuadas.
Entre los habitantes identificados, el informe estima que residen en estas construcciones entre 1.250 y 1.400 personas, de las cuales alrededor de 275 son menores de 14 años. En escenarios más altos de estimación, la cifra de menores podría superar los 480. Estas condiciones, según los autores, “vulneran sus derechos más básicos”.
A diferencia de los asentamientos chabolistas más visibles, la infravivienda rural dispersa se caracteriza por su aislamiento geográfico, su informalidad y la dificultad para ser registrada oficialmente. La mayoría de las personas que habitan estos espacios no están empadronadas, lo que les impide acceder a servicios públicos, asistencia sanitaria o escolarización adecuada para sus hijos.
El informe distingue tres grandes formas de infravivienda en Níjar: los asentamientos chabolistas en suelo agrícola (donde residen unas 1.600 personas, según la Mesa del Tercer Sector), la infravivienda urbana y esta tercera modalidad, menos estudiada hasta ahora, que abarca cortijos abandonados, casetas junto a invernaderos y otras edificaciones dispersas que funcionan como viviendas.
El informe recoge además testimonios personales que ilustran la dureza de estas condiciones. Dauda, un joven de Mali, vive en un cuarto anexo a un almacén de invernadero donde paga 65 euros mensuales al empresario que le da trabajo.
“La luz va y viene. Hay semanas que solo tenemos electricidad dos o tres días. De repente se va y no vuelve hasta el día siguiente o más. Cuando no hay luz, tampoco hay agua caliente. A veces parece que vivimos apagados también nosotros”, relata.
Aminata, embarazada de cinco meses, confiesa: “Tengo miedo. Miedo por el bebé. No sé si esta agua es buena. No sé si este aire es bueno. Hay mucha humedad. Mucho frío, mucho calor (…) En el cortijo viven seis hombres más. Solo yo soy mujer (…) Cuando mi marido no está, yo no salgo. Me quedo adentro. No me gusta estar sola con tantos hombres. Me da cosa. Me da miedo».
El estudio advierte también del riesgo de que las políticas públicas impulsadas por el Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Irregulares (EASEN), aprobado por la Junta de Andalucía, se centren solo en los núcleos más visibles, dejando fuera a estas formas ocultas de exclusión residencial.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones formuladas, el SJM propone ampliar el foco de intervención social, diseñar un plan integral para el medio rural que combine rehabilitación, realojos y acompañamiento, e implicar al sector agrícola en la creación de alojamientos dignos. También reclama mayor investigación y movilización social para romper con la normalización del problema.
“La infravivienda rural dispersa no es una excepción. Es estructural, sostenida en el tiempo y fruto de un modelo agrícola intensivo que no garantiza condiciones dignas a quienes lo sustentan con su trabajo”, concluye el informe.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 20 % de la población de Níjar reside en diseminados, un porcentaje muy superior al de otros municipios del entorno, lo que subraya la particularidad del fenómeno en esta comarca.
El SJM-Almería señala que este estudio no pretende cerrar un diagnóstico definitivo, sino “abrir una conversación pública y documentada sobre una realidad que no puede seguir siendo ignorada”.
