Redacción Medioambiente, 15 may (EFE).- El 51 % de las empresas europeas desaprueba la llamada ley ómnibus de la Comisión Europea (CE) y solo un 17 % se muestra insatisfecho con la directiva de informes de sostenibilidad corporativa, según una encuesta realizada por el colectivo ‘WeAreEurope’ (‘SomosEuropa’).
El sondeo realizado por este colectivo de profesionales europeos, en el que participaron 1.062 empresas de 26 países, apunta a que el 28 % de los encuestados está “muy insatisfecho” y el 23 % “algo insatisfecho” con ómnibus, el paquete propuesto por la CE para suavizar la normativa sobre sostenibilidad de la Unión Europea (UE).
El 22 % está “satisfecho” y únicamente un 3 % se manifiesta “muy satisfecho” con el paquete legislativo, según la encuesta, que muestra un apoyo generalizado a la directiva de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD en inglés) en su forma actual.
En concreto, el 61 % declara estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con esta norma, que obliga a las empresas a reportar sobre los impactos ambientales y sociales, negativos y positivos, de su compañía, y apenas un 7 % considera que es necesario acometer una revisión.
La encuesta muestra que el respaldo a la CSRD aumenta en las empresas más grandes: la apoyan el 67 % de las compañías con más de 5.000 empleados, frente al 57 % de las que tienen entre 250 y 500.
“La gran mayoría de las empresas afectadas por la CSRD nunca pudo expresarse o compartir su punto de vista con la Comisión”, señala a EFE el consultor de sostenibilidad Laurent Ortega, que coordina la campaña de ‘WeAreEurope’ en España y asegura que el proceso para preparar el paquete ómnibus “fue muy poco democrático”.
Con el cambio normativo, la CSRD afectará a menos empresas, exigirá menos y su aplicación se retrasará, resume Ortega, que defiende que así no se cumplirán los objetivos del Pacto Verde Europeo.
“El objetivo de la CSRD era justamente poder armonizar las prácticas de sostenibilidad de la Unión Europea. Hay países que estaban muy adelante, como Escandinavia y Europa del Norte. Los países del sur e incluso el este de Europa iban a poder aprovecharse de este avance para mejorar e integrar mucho más rápido la sostenibilidad de los modelos de negocio”, añade.
El sondeo recoge las principales fortalezas de la CSRD apuntadas por los encuestados, entre las que destacan que mejora la transparencia y comparabilidad sobre medioambiente, sociedad y gobernanza; que refuerza la estrategia de las compañías respecto a estos factores y su gestión de riesgos y que está alineada con la visión europea sobre las empresas.
Además, el 62 % considera que la directiva es un elemento de la soberanía y el poder de Europa.
En cuanto a los problemas de la CSRD, los más apuntados fueron que no existe suficiente orientación para respaldar la presentación de informes, que es desproporcionada para las empresas pequeñas y que preparar los informes consume mucho tiempo y dinero.
Solo el 37 % cree que la directiva supone una desventaja competitiva respecto a otras regiones y países del mundo.
En ese sentido, Ortega recuerda que hay estudios que demuestran que las normas medioambientales permiten aumentar la competitividad de las empresas y que con la CSRD se analizan los riesgos físicos que enfrentan por el cambio climático, lo que habría ayudado, por ejemplo, a reducir las pérdidas económicas por la dana de Valencia.
“Estamos solamente al principio del cambio climático. Según algunos estudios, estamos hablando de una pérdida de alrededor del 50 % del PIB en 2070, así que vamos a tener que prepararnos y la contabilidad es una herramienta que nos permitía justamente integrar esos nuevos riesgos”, concluye.
