València, 17 mar (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que la Comunitat Valenciana “ha rebosado su capacidad y no admitirá más repartos de inmigración ilegal”, al tiempo que ha pedido al Gobierno que informe sobre la cifra de personas que fueron detenidas por pillaje y saqueos tras la dana y su nacionalidad.
En una declaración institucional desde Les Corts -en la que ha anunciado un acuerdo con Vox en materia presupuestaria a concretar en los próximos días-, Mazón ha aludido a una resolución adoptada por Les Corts el pasado 11 de julio en la que se pide la inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas.
“No podemos permitir que haya personas que han perdido todo a causa de la riada y que encima vean como salen impunes los autores de los saqueos y los actos de pillaje en sus propias casas y negocios durante los días posteriores al 29 de octubre”, ha agregado.
A su juicio, resulta “inadmisible” que “el mismo Gobierno central que se niega a atender a las comunidades autónomas que llevamos meses denunciando la saturación de los centros de menores y de menores no acompañados tarde segundos en trocear el control de fronteras y la política migratoria”,
Agilizar las expulsiones de inmigrantes
“En esta tierra nos sentimos muy orgullosos de los inmigrantes legales que contribuyen con su esfuerzo y sacrificio a sacar adelante a la Comunitat Valenciana. Sería injusto compararles con el problema que sí representa la inmigración ilegal, especialmente la provocada por mafias que aprovechan para hacer negocio a costa de generar una evidente inquietud social”, ha afirmado.
“No puede ser que mientras en algunos territorios se establecen criterios de excepción aquí se nos imponga una carga sin apoyo sin recursos y sin ninguna planificación”, ha lamentado Mazón antes de “confirmar” el “rebosamiento” de la capacidad de acogida de la Comunitat y anunciar que “no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez”.
“No flaquearemos ante ningún chantaje; de hecho buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas, porque es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europea. Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales”, ha subrayado.
“Vox es útil a la Comunitat”
En referencia a los acuerdos políticos con Vox, Mazón ha señalado que durante el tiempo que estuvieron en coalición, entre julio de 2023 y julio de 2024, “planteamos un rumbo radicalmente opuesto al del gobierno anterior” -de PSPV y Compromís- “y en los meses posteriores la aportación de Vox desde Les Corts ha sido muy útil para la Comunitat Valenciana”.
Mazón ha dicho: “Somos dos partidos distintos, con visiones distintas sobre muchos temas”, ha añadido: “vamos a centrarnos en las primeras, en aquellas que revierten la gestión desastrosa del Gobierno de izquierdas”.
Así, tras mencionar la “libertad de elección de lengua para la educación” y a la “visión compartida en materia fiscal”, ha hecho un “llamamiento a la acción en contra del Pacto Verde europeo y sus consecuencias” y ha pedido un “cambio radical frente al mal entendido ecologismo”.
Los postulados climáticos “extremistas”
Mazón ha anunciado una iniciativa en el Comité de las Regiones de la Unión Europea que “genere nuevos apoyos para exigir que las inversiones en infraestructuras hidráulicas que salvan vidas no estén condicionadas por criterios medioambientales obligatorios extremos derivados de la aplicación literal del Pacto Verde”.
“La protección del medio ambiente, que también es objetivo de este Consell, no puede traducirse en que las infraestructuras necesarias para proteger a la población se frenen por los postulados climáticos más extremistas, como lamentablemente ha ocurrido. Las lluvias que provocó la dana no las podíamos evitar, pero la riada sí, y tenemos que ir a la raíz de qué tipo de políticas han impedido que se lleven a cabo las actuaciones preventivas necesarias para que el Barranco del Poyo no se hubiera convertido en una trampa letal”, ha añadido el president.
