Ciudad de México, 18 sep (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó este jueves el bloqueo de cuentas de una diputada oficialista, otras seis personas y quince empresas en el país, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en su lista de sancionados por su presunta participación en una red vinculada a la facción ‘Los Mayos’, del Cartel Sinaloa.
La medida, explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es preventiva, no constituye una resolución judicial y se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El comunicado oficial detalla que el Tesoro estadounidense designó a 22 objetivos en México: siete personas físicas y quince personas morales.
Entre los individuos apuntados por Estados Unidos figura Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024) y actual diputada federal por el Distrito 9 de Baja California (noroeste de México), perteneciente a la bancada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Derivado de esa acción, la UIF instruyó el bloqueo de las cuentas y bienes y anunció el análisis de la información financiera de los señalados para, en su caso, dar vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
La autoridad financiera subrayó que la integración de listas internacionales permite coordinarse con el sistema financiero nacional para impedir que recursos ilícitos ingresen o se dispersen en la economía.
Las sanciones coinciden con la visita a México del subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
De acuerdo con Washington, la red sancionada opera como parte de ‘Los Mayos’ en Baja California y Sinaloa, donde Brown habría colaborado a través de «recaudar pagos de extorsión» que servirían para garantizar protección institucional para diversas actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro ha designado como Organización Terrorista Extranjera al Cartel de Sinaloa con antelación, toda vez que sostiene que es una organización que continúa traficando narcóticos, lavado sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales.
