Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El Gobierno de México defendió este miércoles el envío de 26 “generadores de violencia” a Estados Unidos y afirmó que los traslados continuarán “si se requieren”, como parte de una estrategia para impedir que líderes criminales sigan ordenando secuestros, extorsiones y homicidios desde penales del país.
Así lo señalaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quienes subrayaron en conferencia de prensa que toda entrega a autoridades estadounidenses se realiza bajo la condición expresa de que no se aplicará la pena de muerte.
«Estos sujetos, como lo mencionamos, atentan contra la seguridad pública de nuestro país, extorsión, principalmente homicidios, privación ilegal de la libertad, homicidios también de funcionarios. (La entrega a EE.UU.) es (por) seguridad pública», señaló el titular de la SSPC.
García Harfuch detalló que en el operativo participaron 988 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR y 90 vehículos de las mismas.
Los traslados partieron de la Base Aérea Militar Número 1 en 11 aeronaves hacia puntos como White Plains y el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York; San Diego, California; Phoenix, Arizona; y Dulles, Virginia.
García Harfuch también reportó que los centros penitenciarios del país operan con normalidad y sin incidentes tras la movilización.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los narcotraficantes entregados el martes por las autoridades mexicanos se encuentran Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix’, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García.
La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.
Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.
Respeto a la soberanía
Previo a la conferencia ofrecida por las autoridades de seguridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la decisión del traslado de los capos «es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tiene que ver con una petición (especial de EE.UU.)”.
En ese sentido, el titular de la SSPC recalcó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del plan contra la extorsión, y con pleno respeto a la soberanía nacional.
Por su parte, Gertz Manero sostuvo que la medida se sustenta en la Constitución, en la Ley de Seguridad Nacional —en su artículo quinto— y en la Convención de Palermo, además de instrumentos de cooperación internacional como Interpol.
Aclaró que no existe “negociación” sobre la pena de muerte, pues el Gobierno mexicano defiende su no aplicación y el país requirente debe aceptarlo.
«Si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo (de Seguridad) y si es procedente la vamos a cumplir. No es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada, con los procesos que esas personas tienen por los delitos que tienen que coincidir con los delitos mexicanos”, aseguró.
Las autoridades recordaron que en febrero se realizaron traslados previos de 29 líderes criminales y que, en algunos casos, los procesos judiciales habían sido diferidos decenas de veces, lo que incrementaba el riesgo de que los reclusos continuaran operando o incluso planearan fugas.
García Harfuch explicó que el objetivo principal es que “ya no puedan seguir operando en contra de la sociedad mexicana” desde los penales.
