Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- Miles de personas participaron este jueves en la marcha «por la paz y la justicia» convocada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la ciudad de Guayaquil, en medio de la pugna que mantiene el Gobierno con la Corte Constitucional (CC), que suspendió parcial y temporalmente artículos de tres polémicas leyes que el Ejecutivo considera claves en su lucha contra el crimen organizado.
Los manifestantes -gran parte de ellos con camisetas blancas- empezaron a llegar al amanecer en decenas de autobuses provenientes desde distintas partes del país.
Entre ellas estaba Maritza Cabaña, quien comentó a EFE que salió a la madrugada desde el municipio de Riobamba, capital de la provincia andina de Chimborazo, junto a compañeros de su trabajo, que viajaron de forma «independiente» atendiendo la «invitación pública» que hizo Noboa.
«Estamos apoyando aquí la marcha a favor de la paz y respaldando toda la gestión que viene desarrollando nuestro Gobierno», indicó.
Jorge Ayoví llegó a Guayaquil desde Esmeraldas, provincia costera fronteriza con Colombia, porque quiere que «en todas las ciudades haya paz».
«Necesitamos que nuestros niños crezcan en paz y se desarrollen como tienen que desarrollarse, practicando algún deporte que les permita cada día ser más libres y felices», comentó.
Dijo estar preocupado por la inseguridad del país, que de enero a junio registró el semestre más violento de la historia desde que se tienen registros, al contabilizar 4.619 homicidios.
Un grupo de mujeres que llegó desde el norte de Guayaquil coreando la frase ‘esto no es pagado, Noboa se lo ha ganado’, mencionó que el mandatario es el único que ha luchado contra las mafias del narcotráfico que hay en el país.
«La batalla final»
Noboa, que llegó a la manifestación junto a su madre, la asambleísta Annabella Azín, y en compañía de su vicepresidenta, María José Pinto, además de varios de sus ministros, recorrió por un poco más de veinte minutos una de las principales calles de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más afectadas por la violencia.
«Es una marcha pacífica, es una marcha ciudadana, pero también es una marcha firme, firme contra los de siempre. Nosotros seguiremos luchando todos los días por mejorar la vida de los ecuatorianos, mientras que ellos siempre luchan para mantener las cosas igual» señaló desde un escenario ubicado al final del recorrido.
Esta es la segunda manifestación que convoca Noboa, después de la que encabezó el pasado 12 de agosto en contra de la CC. Aunque en esta ocasión le agregó otra razón: el rechazo de la CC a tres preguntas de las siete que envió para un referéndum que impulsa y que podría realizarse el próximo 30 de noviembre.
«La gente votó por el cambio, no una vez, sino dos veces. Y aún así quieren mantener todo igual, quieren estar del lado de los violadores, quieren estar del lado de los narcotraficantes, del lado de los criminales, quieren estar del lado de toda la gente que nos ha hecho daño. Nosotros no podemos permitir eso», dijo Noboa.
«Tenemos que levantar nuestra voz. Y no solo levantarla, sino exigir que nosotros podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país. Nosotros, los ecuatorianos. Ese es el corazón de la democracia. Sin posturas, sin extremismos, sino pura democracia”, mencionó el mandatario.
Y recalcó que las preguntas para el referéndum son «importantes cuestionamientos sobre los cuales la ciudadanía puede pronunciarse».
«Eso es lo que va a ser la batalla final», apuntó.
En ese mismo sentido se había pronunciado minutos antes el ministro del Interior John Reimberg, quien aseguró que la marcha pretendía exigir a los jueces que «dejen de estar en contra de los ecuatorianos» y cuestionó que hayan rechazado la propuesta de reforma impulsada por Noboa para permitir la castración química a agresores sexuales.
El Gobierno está a la espera de la respuesta que la Corte dará a las nuevas siete preguntas que envió el martes, en las que insistió, aunque desde otras perspectivas, en temas como la modificación de las atribuciones de control constitucional que tiene el alto tribunal.
