Guayaquil (Ecuador), 21 mar (EFE).- Los dieciséis militares que están procesados y con prisión preventiva en Ecuador por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad costera de Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después, seguirán en la cárcel, según determinó un juez este viernes.
El magistrado de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil resolvió que no había elementos suficientes para sustituir o suspender la medida cautelar de prisión de los soldados, quienes detuvieron de manera irregular a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, la noche del 8 de diciembre en los exteriores de un centro comercial del sur de la ciudad.
Tras esa detención, los militares llevaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y han asegurado que en el camino los dejaron en libertad. Después de eso se perdió totalmente el rastro de los menores.
El caso se hizo público días después y la Fiscalía decidió iniciar una investigación por el delito de desaparición forzada, proceso al que vinculó a los dieciséis soldados que iban esa noche en la patrulla, quienes están recluidos en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga.
El 31 de diciembre el Ministerio Público anunció a las familias que unos cuerpos hallados en una zona rural de Taura, muy cerca de donde los dejaron los soldados, pertenecían a los menores.
Abraham Aguirre, abogado de las familias y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dijo a EFE que durante la audiencia los defensores de los militares insistieron en que no habían cometido el delito de desaparición forzada, que habían colaborado con las investigaciones y que la muerte de los menores se había producido después de que ellos los dejaron “sanos y salvos” en esa zona rural de Taura.
Sin embargo, Aguirre dijo que, tras escuchar a los defensores de ambas partes, a la Fiscalía y a la Defensoría Pública, el juez determinó que no había nuevos elementos que desvirtúen las razones por las que se ordenó en primera instancia que los soldados debían ir a la cárcel de manera preventiva y no defenderse en libertad.
Dentro de esta investigación, el pasado domingo la Fiscalía realizó la reconstrucción de la detención de esa noche de diciembre y de todo el trayecto que los militares investigados recorrieron con los menores hasta que no se supo más de ellos.
Esta caso se sumó a las numerosas denuncias de presuntas violaciones de derechos cometidas cometidas por las fuerzas estatales de Ecuador bajo el “conflicto armado interno” declarado por su presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, causante de la escalada de violencia que llevó al país a situarse en 2023 con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.
De acuerdo al CDH, la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el “conflicto armado interno”, 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, si bien el organismo considera que son más.
