Quito, 9 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han desplegado un gran contingente de efectivos militares para velar por la seguridad de la capital del país, Quito, ante recientes amenazas de líderes indígenas de tomarse la ciudad en el marco de las protestas contra el alza del diélsel, que este jueves cumplen 18 días.
Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado «un gran despliegue hacia la ciudad de Quito», indicó el Ejército en un mensaje en el que asevera que la Fuerzas Armadas no permitirán «el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados».
Este jueves, el primero de cuatro días de festivo en Ecuador, las actividades se desarrollaron con normalidad en Quito, con un gran flujo de turistas en el centro histórico, y con los comercios y servicios de la ciudad funcionando sin novedades, mientras sigue bloqueada la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas.
El pasado viernes se encendieron las alertas cuando Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió con la toma de Quito si el Gobierno mantiene la eliminación del subsidio al diésel, si se niega a bajar del 15 al 12 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y si no libera a los manifestantes detenidos.
«Cuidado. La Conaie y sus estructuras está en capacidad de tomar decisiones. Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos», dijo Vargas en una reunión con simpatizantes.
Vargas señaló que el Gobierno tiene que recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas manifestaciones lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a recular en su intención de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles.
Estado de excepción y «de alerta» en Quito
Ante esa amenaza, el presidente, Daniel Noboa, declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, que se sumaron a otras dos en la que esta medida ya estaba vigente.
En todas se suspendió el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las 24 horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.
Ello no ha impedido que manifestantes bloqueen esporádicamente Pichincha, una de las principales vías para salir hacia el norte del país, ni que se concentren para protestar contra el Gobierno.
Noboa dijo el domingo que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital» y que a los que elijan la violencia «los espera la ley».
De su lado, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, del opositor movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el exjefe de Estado Rafael Correa (2007-2017), aseguró que la ciudad no iba a ser «rehén» ni «de errores ajenos ni de ninguna amenaza».
Los concejales instaron a Muñoz a que mantenga «en estado de alerta» a toda la municipalidad para cuidar las infraestructuras estratégicas de la ciudad.
