Guayaquil (Ecuador), 6 ago (EFE).- Cientos de mineros de diversas partes de Ecuador marcharon este miércoles hasta la Corte Constitucional, en Quito, para presentar una demanda de inconstitucionalidad con el objetivo de que el máximo tribunal suspenda la tasa de fiscalización recientemente impuesta por el Gobierno, que consideran como «ilegal, asfixiante y desproporcionada».
Con lemas como «No a la tasa minera» o «La tasa minera es desempleo», los manifestantes recorrieron varias calles de la capital para hacer sentir su rechazo a la medida, con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende recaudar 229 millones de dólares anuales para fortalecer el control y la vigilancia para combatir la minería ilegal.
«Los mineros legales estamos unidos porque no podemos pagar estos valores exagerados que está pidiendo la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom)», dijo Guillermo Godoy, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Minería (Capemine).
«Esta tasa lo único que hace es fomentar el desempleo y que haya despidos masivos de familias que se dedican directa e indirectamente a trabajar en la minería en el país», mencionó el dirigente.
Desde que el Ejecutivo anunció a inicios de junio la imposición de la tasa, cuyos porcentajes varían por el número de hectáreas, entre otros factores, los gremios mineros han intentado negociar su suspensión con las autoridades.
Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha señalado que la tasa está «en firme».
«Nosotros lo único que pedimos es que la Corte Constitucional acepte esta demanda y suspenda la medida. De esta manera estaremos asegurando el sustento, el alimento de todos los ecuatorianos que hacemos minería», agregó Godoy.
El líder gremial también pidió directamente a Noboa que los «ayude» ya que ellos contribuyen al Estado. «Una cosa es la minería ilegal, la que daña el ecosistema, la que no paga impuestos, y otra cosa somos nosotros, los mineros legales que pagamos impuestos y contribuimos al medio ambiente. Tenemos técnicos ambientales y en todas las áreas», añadió.
Por su parte, Óscar Loor, presidente de la Cámara Nacional de Minería, dijo que la tasa es «desproporcionada» y «exagerada», y aseguró que no van a poder pagarla.
«Si pagamos la tasa, posiblemente dejamos de invertir. Lo ideal es que nos dejen trabajar, que haya una verdadera ley de fomento minero que en lugar de frenarnos, como lo van a hacer con esta tasa, nos incentive a producir más, a mejorar los empleos; así exportaríamos más y pagaríamos más impuestos», aseguró el representante gremial.
Loor indicó que esta medida no solo les afecta a ellos como mineros sino también a los transportistas, a las ferreterías y a toda la cadena de comercios que dependen o están vinculados al sector.
Además, aseguró que lo recaudado «no va a mejorar nada». «Al narcotráfico y a la guerrilla se lo combate en unión con el Ejército y la Policía, como ya lo están haciendo. No necesitan llevar 300 o 600 funcionarios de la Arcom para ir a sacar a los guerrilleros, a los invasores», añadió.
El presidente del gremio dijo que la medida «es inconstitucional» y que fue «hecha de la noche a la mañana», e hizo un llamado al Gobierno para volver a poner en marcha mesas técnicas para llegar a un acuerdo en este tema.
«Sentémonos, no solo con los mineros, con las universidades, con profesionales y saquemos un buen producto y verá cómo le seguimos apoyando como hemos apoyado en muchas épocas», concluyó.
