Guayaquil (Ecuador), 18 sep (EFE).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, acusó este jueves al correísmo de estar supuestamente detrás de las protestas que se han registrado en varias zonas del país debido a la eliminación del subsidio al diésel.
«Esto es clarísimo. Aquí tenemos a la gente de la Revolución Ciudadana tratando de desestabilizar al país», señaló Rovira en una entrevista con la radio ‘Novedades’ de la ciudad andina de Latacunga, a donde el presidente Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo tras anunciar el viernes la medida que eliminó el subsidio y elevó el diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
La ministra aseguró que son integrantes del partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) los que «están utilizando a sectores de la ciudadanía» para las protestas, por medio de «‘seudodirigentes’ que ya no tienen ningún respaldo».
«Nosotros somos respetuosos de todos los derechos ciudadanos y el derecho de manifestarse, de expresarse libremente, lo tienen. Lo que no vamos a permitir es que se utilice a los ciudadanos para causarle daño a otros ciudadanos», señaló Rovira.
«Así que esos dirigentes que andan por ahí gritando, llamando al paro, a las movilizaciones y a desestabilizar créanlo que aquí está el Gobierno para hacer respetar los derechos de los otros ciudadanos», añadió la funcionaria.
Rovira defendió la medida tomada por el presidente Noboa y aseguró que los ecuatorianos estuvieron «cincuenta años pagando alrededor de 1.100 y 1.400 millones de dólares por año por un subsidio al diésel que realmente no significó absolutamente nada para el pueblo».
«Este dinero se iba para el contrabando de combustible, se iba para la minería ilegal y para unos cuantos transportistas, pero de aquellos grandes, agrupados, poderosos, pero realmente para el transportista que vive de aquello, para la ciudadanía, no le significó nada», mencionó.
La jefa de la cartera ecuatoriana de Gobierno reiteró que ahora ese dinero va a ser destinado para «cerrar las brechas sociales».
La derogación de los subsidios a los combustibles es un asunto muy sensible en Ecuador, pues ya lo intentaron antes los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) sin éxito, al tener que dar marcha atrás ante los estallidos sociales generados en 2019 y 2022, ambos liderados por el movimiento indígena.
El presidente Noboa decretó el pasado martes un estado de excepción en siete provincias del país ante el anuncio de movilizaciones, que por el momento han disminuido, según la ministra Rovira, debido al «diálogo permanente» que han tenido con quienes han convocado las manifestaciones.
Esta decisión forma parte del paquete de recortes impulsado por el presidente Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir el poder rondaba los cinco mil millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB)-, y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por cinco mil millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
Antes de eliminar el subsidio al diésel, el mandatario ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que en ese momento eran los más consumidos en el país. Estos recortes los ejecutó mediante una semiliberalización de precios, al implementar un sistema de bandas que ha ido alineando progresivamente sus valores con los precios internacionales.
A las desgravaciones de combustibles también se ha agregado recientemente la reducción del Gobierno nacional de diecinueve a catorce ministerios y el anuncio de despido de alrededor de cinco mil funcionarios.
