Guayaquil (Ecuador), 4 ago (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, expuso este lunes el nombre de una fiscal que pidió medidas alternativas a la prisión preventiva para un venezolano que fue detenido por ser el presunto autor de un asesinato registrado el pasado 29 de julio, pese a que, según él, existían «todos los elementos» para enviarlo a la cárcel.
Junto al ciudadano venezolano fue detenido también un ecuatoriano, pero el ministro añadió que el extranjero, identificado como Yonathan José B.C., «mantiene procesos penales pendientes en su país de origen». «Con todas las pruebas y antecedentes es liberado», añadió.
Reimberg, que catalogó el caso como «de interés nacional», señaló en su cuenta de X que la Policía detuvo en flagrancia a los dos hombres como sospechosos de haber participado en el asesinato de Daniel Eduardo G.L., cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en Quito.
Pero una vez instalada la audiencia, la fiscal del caso Diana Magaly Moya Alulema solicitó al juez «la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los presuntos involucrados», relató el titular de Interior.
Según el ministro, existían «elementos suficientes con respecto a la presunta participación de las dos personas aprehendidas, la utilización del vehículo tipo taxi en el que se habrían movilizado los victimarios, así como la incorporación de videos que respaldan lo expuesto».
«¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de Justicia?», añadió el ministro.
El pasado viernes, el jefe de Policía de Quito, Germán León de la Torre, también había criticado la actuación del Ministerio Público y la liberación del venezolano. «Todo el esfuerzo, todo el sacrificio puesto en servicio de la comunidad para que la Fiscalía una vez más le dé medidas sustitutivas», añadió.
En los últimos meses varios jueces y fiscales del país han estado bajo la mirada pública, especialmente después de que Reimberg anunciara que empezaría a publicar los nombres de los funcionarios judiciales que liberaban a presuntos criminales detenidos por la Policía.
Lo hizo por primera vez el pasado 19 de junio, cuando cargó contra un fiscal y un juez por revocar la prisión preventiva y otorgar medidas sustitutivas de presentación periódica (la obligación de los imputados a presentarse ante una autoridad judicial regularmente) a «delincuentes que extorsionaron a una persona por 28.000 dólares».
Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se anunció también que se iba a empezar a analizar el origen patrimonial y la licitud del origen de fondos de todos los jueces y fiscales que otorguen medidas procesales sustitutivas a la prisión o que dejen en libertad a secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y otros criminales.
Ecuador está desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, a las que se les atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios y a registrar en 2025 un promedio de un asesinato por hora.
