Lima, 15 sep (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez Reyes, reiteró este lunes que 8,6 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se quedarán sin saldo en sus fondos privados y sin la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación, si se aprueba un octavo retiro parcial de su capital, al que ahora el Gobierno en pleno apoya.
Tras una visita al Congreso, Pérez Reyes dijo a la prensa que el respaldo al retiro parcial de fondos de las AFP es una decisión «consensuada» con la mandataria, Dina Boluarte, y que no refleja una discrepancia ni un cambio de posición del Ministerio de Economía, a pesar de que sí se oponía al mismo hasta hace unos días.
El titular de Economía agregó que un octavo retiro de fondos, promovido por varias bancadas en el Congreso, «implicará la salida de 26.320 millones de soles (7.500 millones de dólares) equivalente a 22,7 % de los fondos de pensiones».
Ese retiro dejaría «a 8,6 millones de afiliados con saldo cero, incluyendo los 2,3 millones ya afectados por retiros anteriores, dejándolos sin la posibilidad de acceder a una pensión digna en el futuro», anotó.
Sin embargo, Pérez Reyes manifestó que lo que existe ahora es «una lectura responsable de la coyuntura actual», donde «hay un grupo importante de familias que reclaman liquidez inmediata para atender necesidades urgentes».
«Esta decisión no significa desconocer los riesgos asociados a los retiros, queremos que todos los peruanos tengan consciencia plena sobre la implicancia de los retiros de sus fondos de pensiones sobre sus futuras pensiones», añadió el ministro de Economía.
«Los sólidos fundamentos de la economía de Perú garantizan que los eventuales impactos de los retiros de fondos, sobre las perspectivas de crecimiento de nuestro país, sean transitorios y manejables», remarcó Pérez Reyes ante este inminente retiro de fondos.
Boluarte respaldó este domingo la propuesta para permitir un nuevo retiro parcial de fondos de las AFP, en contra de la opinión expresada en los últimos días por sus ministros de Economía y de Trabajo, que aseguraron que existía el riesgo de que millones de trabajadores se queden sin una futura pensión de jubilación.
Esto se dio después de que cientos de ciudadanos, integrantes de organizaciones de afiliados, gremios laborales y estudiantes protestaran el último sábado en el centro histórico de Lima en rechazo a la nueva ley y su reglamento.
Precisamente, el reglamento de esta nueva norma ha sido ampliamente rechazado por especialistas y ciudadanos, porque comprende medidas como el impedimento del retiro del 95,5 % de sus fondos a los menores de 40 años, establece una pensión mínima de 600 soles (172 dólares) por 20 años de aportes y obliga a los trabajadores independientes, que representan más del 70 % de la población económicamente activa (PEA) en el país, a hacer aportes de un 2 % de sus ingresos a partir de 2028.
En medio del revuelo, el presidente del Congreso, el conservador José Jerí, informó este lunes a los periodistas que realizarán una modificación para «mejorar la ley» por lo que «se tendrá que derogar parcialmente ese reglamento que ha generado justamente esa disociación con la población».
«La reglamentación es la que ha deformado la reforma que planteó el Congreso, está a cargo del Ejecutivo y es el que precisamente ha presentado esa deformación», aseguró.
