Guayaquil (Ecuador), 7 ago.- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, y el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, pidieron este jueves «apoyo» a la ciudadanía en una señal de presión hacia la Corte Constitucional para que «devuelva» las leyes que fueron parcialmente suspendidas por el alto tribunal y que habían sido promovidas por el presidente, Daniel Noboa.
«Necesitamos tu apoyo para que nadie intente quitarnos nuevamente el arma más importante que nos faltaba para ganar esta guerra: las leyes», dijo Reimberg en un video en el que aparece junto a Loffredo, publicado en las cuentas oficiales de los ministerios, y que iba dirigido «a las familias ecuatorianas».
«Hoy el bloque de seguridad enfrenta cara a cara al crimen organizado y vamos a seguir haciéndolo, pero por el bien del país, la Corte Constitucional debe ser sensible al clamor del pueblo. La voz de las familias exigen seguridad y por tanto necesitamos que nos devuelvan las leyes que nos permiten cumplir con nuestro deber», añadió Loffredo.
Los ministros aseguraron que el país necesita «avanzar» con leyes que permitan a los policías y militares «actuar con fuerza, firmeza y contundencia en contra del enemigo».
«Ustedes son testigos de que hemos actuado sin titubear, porque la seguridad del país no se negocia ni se detiene. Hoy los delincuentes saben que tienen solo dos caminos: la cárcel o el infierno», dijo el titular de Defensa.
Suspensión parcial de leyes
El pasado lunes, la Corte Constitucional hizo pública su decisión de suspender de manera temporal los efectos de varios artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública, presentadas por Noboa en calidad de urgente, lo que obligó a la Asamblea Nacional (Parlamento) a aprobar cada una en treinta días.
Estas normativas fueron rechazadas por organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y de sindicatos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.
Entre los artículos suspendidos se encuentran los más controvertidos de la Ley Orgánica de Inteligencia, como el hecho de que los agentes encubiertos puedan adquirir identidades falsas y que el sistema nacional de inteligencia pueda solicitar información a las empresas telefónicas y datos a otras entidades, así como disponer de fondos sin cumplir la ley de contratación pública.
Respecto a la denominada Ley de Solidaridad Nacional, cuyo propósito inicial era obtener mayores recursos para el desempeño de las fuerzas del orden contra el crimen organizado, la Corte Constitucional suspendió de manera preliminar el artículo que otorgaba a Noboa la prerrogativa del «indulto anticipado» a policías y militares procesados por delitos cometidos en el contexto del estado de “conflicto armado interno”, que el mandatario declaró contra las bandas criminales a inicios de 2024.
El máximo tribunal de garantías de Ecuador también dejó en suspenso otros artículos relacionados con la misma medida, que establecía un régimen jurídico especial bajo el estado de «conflicto armado interno», donde se establecía una serie de objetivos militares para las fuerzas de seguridad.
Tras esa suspensión, el presidente Noboa declaró la noche del miércoles un nuevo estado de excepción en las cuatro provincias más afectadas por el aumento de la violencia criminal: El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país.
Reacciones a la medida
El mensaje de los ministros llega después de que el propio presidente Noboa aseguró que iba a participar de una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional, el próximo 12 de agosto, puesto que no podía permitir que «nueve personas entronadas», en referencia a los jueces, «tiren abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes».
La medida tomada por el máximo tribunal tampoco fue aceptada por la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y por el presidente del Parlamento, el oficialista Niels Olsen, quienes acusaron a los magistrados de «arrebatar a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado».
«Ataques» y «amenazas» contra la Corte que en estos días han sido rechazadas por la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, y por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.
