Madrid, 13 may (EFE).- El Gobierno considera que la filtración de mensajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puede ser un comportamiento delictivo y da por hecho que se abrirá una investigación judicial, pero, si no la hay, emprenderá acciones legales.
“Queremos llegar hasta el final. Queremos conocer todo de la filtración: quién ha sido, por qué ha sido y qué otros mensajes privados, que nada tienen que ver con una causa judicial, están en poder de personas capaces de cometer delitos”, ha manifestado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños.
Tanto Bolaños como la ministra portavoz, Pilar Alegría, han hecho hincapié en la “gravedad” de una filtración que vulnera la privacidad y el derecho a la intimidad del presidente del Gobierno y han asegurado que no prejuzgan quién puede estar detrás de esa filtración.
Alegría ha recalcado que no van a especular, pero sí ha criticado la actitud del PP y lo que ha denominado “oposición de casquería”.
Los mensajes publicados, ha subrayado, son previos a la causa judicial abierta en torno al caso Koldo, son “absolutamente intrascendentes” y están “absolutamente descontextualizados”.
Preguntada sobre si la filtración de mensajes en los que, por ejemplo, Sánchez llama “pájara” a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afectado al ambiente del Consejo de Ministros, Alegría ha afirmado que ha sido una reunión “absolutamente ordinaria, con el buen clima que suele ser habitual”.
El Gobierno, ha añadido, ante la “oposición de confrontación constante y permanente” del PP, ejemplificada en su rechazo al plan para hacer frente a los aranceles estadounidenses, va a continuar con su proyecto para transformar España y mejorar la vida de los españoles.
Fuentes del Ejecutivo han insistido en la determinación del Gobierno de actuar judicialmente si no hay una investigación de oficio, que consideran que debería hacerse en una pieza separada.
Esa investigación la dan prácticamente por hecho sin necesidad de denuncia previa al señalar que es como actúa siempre el estado de derecho en estos casos, y apuntan a que podría ordenarse por parte de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo al depender de ellos la policía judicial.
Pero recalcan que desde el Ejecutivo no se señala a nadie como posible responsable de la revelación de las conversaciones, ni a la UCO ni al propio Ábalos, con el que dicen que no ha habido ningún contacto tras la publicación de los mensajes y del que aseguran no tener ningún indicio de que los haya podido filtrar él.
Rechazan además que el Gobierno se sienta objeto de un chantaje y reiteran que su deseo es que la investigación correspondiente aclare lo sucedido.
Las fuentes citadas aseguran que, aunque la revelación de una conversación privada es muy grave, el presidente del Gobierno está muy tranquilo, porque afirma que no hay nada en los mensajes con Ábalos que pueda implicarle en algo delictivo.
Pero sí reconocen que a Sánchez le preocupa que se hagan públicas sus conversaciones privadas, como explican que puso de manifiesto en un mensaje que envió el pasado domingo a los miembros de la cúpula del PSOE tras conocer las primeras informaciones al respecto.
Un mensaje en el que consideró que se están atropellando sus derechos al vulnerarse la privacidad de sus conversaciones.
