Madrid, 18 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este miércoles su respeto por movilizaciones como la que protagonizaron los médicos el pasado viernes contra el estatuto marco, pero ha advertido que, pese a los deseos de algunos de «boicotearlo», no piensa «meterlo en un cajón» .
«Hemos venido a mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios y de ahí no nos vamos a bajar», ha subrayado la responsable de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha aprobado el reparto de 229 millones para los planes de atención primaria, salud mental y prevención del suicidio.
En esa reunión, los consejeros se han interesado por el avance de las negociaciones en la mesa del ámbito sobre la reforma del estatuto marco, que regula las condiciones de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios, que se ha vuelto a reunir este mismo miércoles.
La ministra les ha respondido que «el texto va bien», pese a la polémica creada fuera, que desembocó en un paro médico el pasado viernes para reclamar un estatuto propio.
Un texto que, ha insistido, incluye unas mejoras que «son absolutamente novedosas» y que resuelve muchas reivindicaciones que propiciaron la huelga, como la reducción de la jornada laboral y de las guardias, y otras que «se están resolviendo» en las sucesivas reuniones.
Así, aunque considera que «todas las movilizaciones son legítimas», cree que «algunas demandas no lo son», por ejemplo, impedir que las enfermeras actualicen sus competencias en base a su formación, porque ya no son diplomadas, son graduadas.
Tampoco, según la ministra, el asunto de la jubilación, porque, además de que no es competencia de Sanidad, lo cierto es que los profesionales sanitarios se jubilan «en función no de las horas trabajadas, sino de los años trabajados, y por supuesto que todas las horas trabajadas son horas cotizadas», en el caso de los médicos, en su grado máximo.
Además, desde su punto de vista, este estatuto marco no puede meterse en competencias que son de las comunidades, como las condiciones laborales de los profesionales, las retribuciones o el que haya recursos suficientes en un servicio «para que alguien no tenga que hacer 8 guardias».
Por todo ello, y aunque algunos lo estén pidiendo y quieran «boicotearlo», piensa seguir adelante con la reforma de la ley. «Por responsabilidad, yo no voy a meter el estatuto que estamos trabajando en un cajón», ha zanjado.
La ministra también ha lamentado las críticas que han hecho las comunidades del PP sobre la insuficiencia de los fondos aprobados este miércoles, que se distribuyen de la siguiente manera: 39 para el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027; 172,4 millones para el de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027; y 17,83 millones para la implementación de actuaciones en materia de prevención del suicidio.
«Estos 229 millones son extraordinarios, son adicionales» porque en el Ministerio dan por hecho que «las consejerías, dentro de las transferencias de fondos que se hacen desde el Estado a las diferentes comunidades, ya están invirtiendo en atención primaria y en salud mental», ha resaltado.
