Sevilla, 1 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que “todavía es prematuro” saber qué decisión tomará el Ejecutivo al respecto de la opa del BBVA al Sabadell, aprobada este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde participa en la manifestación convocada por UGT y CCOO con motivo del Primero de Mayo, Montero ha señalado que, desde que reciba el informe sobre la operación, “el Gobierno tiene un plazo de aproximadamente 15 días”, sin que hasta la tarde de ayer lo haya recibido.
La ministra de Hacienda, que sí ha señalado que ha conocido algunos detalles “por los medios de comunicación”, ha dicho que “ahora toca que el Gobierno lo estudie, vea qué condiciones son las que la CNMC ha puesto encima de la mesa y cuál es la respuesta también del BBVA”.
“En la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del Gobierno, pero hoy todavía es prematuro poder anticipar una decisión”, ha señalado.
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha dicho que en este asunto “se echa de menos un debate que no está en la sociedad española, que es crear una banca publica”, ya que “se habla mucho de la independencia y la soberanía”, pero cree que una banca controlada por el Estado sería una solución de cara, sobre todo, a la ayuda económica a los trabajadores.
Por eso, entiende que sería necesaria “para determinar criterios sociales en la concesión de créditos y ayudas”, ya que “las empresas y las familias no pueden estar condicionadas por intereses privados obsesionados con milmillonarios beneficios que no tienen nada que ver con el bienestar de país”.
Postura del PP en el decreto de aranceles
María Jesús Montero se ha referido también a la falta de apoyo mostrada hasta el momento por el PP al decreto para contrarrestar las ayudas del Gobierno por los aranceles de Estados Unidos, y ha dicho que este partido “tendrá que explicar las razones, porque lo que ha puesto como condición es la prolongación de la vida de las nucleares y la bajada de los impuestos justamente a las empresas energéticas que tienen récord en beneficios”.
Ha acusado al PP de estar “en contra de la protección de empresas y de la protección de los trabajadores”, porque “no tiene ningún sentido que más de 14.000 millones que se ponen a disposición de la protección del tejido productivo vayan a ser rechazados por el voto del Partido Popular”, al que reprocha “ser el portavoz de los intereses de las energéticas” en este asunto.
