Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).- El Gobierno del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dado pasos positivos pero insuficientes para estabilizar las métricas fiscales de Panamá, que se encuentra en el último peldaño del grado de inversión (BAA3) y con perspectiva negativa, dijo este martes el vicepresidente senior de Análisis de Moody’s, Renzo Merino.
«Hemos visto pasos positivos este año, hasta el momento no son suficientes para realmente consolidar esa trayectoria de déficit menor y que estabilice los números», afirmó Merino en una rueda de prensa posterior a la Conferencia Moody’s Inside LatAm Panama 2025, desarrollada en la capital panameña.
Entre esos pasos positivos Merino mencionó la reforma de la Caja del Seguro Social (CSS), aprobada meses atrás con el consenso del Parlamento y la resistencia de sectores sindicales que llevaron adelante un paro que se prolongó varias semanas y afectó parcialmente a la educación pública y totalmente a la industria del banano.
El no haberse concretado la reforma pensional habría hecho «crecer de manera exponencial el problema fiscal y sería muy difícil ver a Panamá como un país de grado de inversión», dijo Merino, quien además es el analista principal de Moody’s para la calificación soberana del país centroamericano.
La calificación de la deuda soberana de Panamá por Moody’s es BAA3 con perspectiva negativa, «lo que implica que hay una posibilidad de que se rebaje la calificación si es que no vemos ciertos elementos que apoyen la estabilidad del perfil crediticio en ese nivel», dijo.
«El año pasado, cuando vimos el déficit de Panamá (7,3 %) la situación se había deteriorado significativamente y la pregunta que teníamos era si iba a haber ese cambio de chip, de manejo fiscal de ser más proactivo a diferencia de lo que vinos entre 2019-2024», afirmó Merino al explicar por qué Moody´s cambió en noviembre de 2024 de estable a negativa la calificación de Panamá.
Entre julio de 2019 y junio de 2024 gobernó Panamá Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que prácticamente duplicó la deuda pública, que pasó de alrededor de 26.000 a 50.000 millones de dólares.
La Administración de Mulino «heredó una posición fiscal muy complicada (…) vamos a esperar a ver en los próximos meses» qué medidas a nivel presupuestario se aprueban «para frenar el gasto y aumentar los ingresos» y si estas son «suficientes o no, en comparación con otros países», para determinar si se mantiene el grado de inversión, dijo Merino.
Para alcanzar la meta de reducir el déficit «se requieren medidas para elevar los ingresos, pues no basta solo con reducir el gasto», sostuvo el analista.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, ha asegurado que el Gobierno cumplirá con el déficit fiscal de un 4 % para este año y de 3,5 % para el 2026, pues se trata de «metas que no son negociables».
Merino explicó que Moody’s da seguimiento a la capacidad del Gobierno panameño para generar consensos políticos, controlar el gasto, así como la resolución de pasivos contingentes significativos como los litigios relacionados con la mina cobre clausurada a finales de 2023, que representan un riesgo de más del 25 % del producto interno bruto (PIB).
La próxima evaluación formal del comité de calificación de Moody’s se realizará a más tardar en noviembre de este año.
«Típicamente en Moody’s, cuando tenemos una perspectiva negativa vemos que está asociada a una posibilidad de 1 en 3 a que haya una rebaja», comentó Merino.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, Moody’s prevé que el PIB panameño se expanda un 4 % este año y en una proporción similar para 2026, impulsada por proyectos de infraestructura y los planes del Canal de Panamá en materia de agua y diversificación de negocios.
