Madrid, 12 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, informa este lunes a las 91 universidades españolas, públicas y privadas, de la nueva ley que busca aumentar la calidad de los centros universitarios y frenar “los chiringuitos”, tal como insiste el Ejecutivo.
Morant presidirá este lunes el Pleno del Consejo de Universidades, el órgano de coordinación académica y consulta por el que deben pasar las normas y propuestas del Gobierno, después de que se haya reunido con todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y haya recibido duras críticas de hasta 13 gobiernos regionales.
La ministra trasladará a los rectores y representantes de todas las universidades españolas la intención de que el nuevo decreto, que podría estar aprobado a principios de junio, afecte a diez universidades privadas que todavía no han recibido el informe preceptivo de la CGPU, y que ahora tendrán que contar con un análisis favorable de la ANECA o agencias de calidad autonómicas.
Aunque el decreto establecía un plazo de hasta 3 años para que las universidades actuales pudieran adaptarse a los nuevos requisitos, ahora también afectará a los expedientes que están en trámite inicial en Madrid (2), Extremadura (3), Aragón (3), Baleares (1) y Canarias (1).
Oposición frontal de los gobiernos del PP
Los gobiernos de Madrid y Extremadura así como otros del PP y algunas de las universidades afectadas ven inseguridad jurídica y creen que el decreto “va contra la Constitución”, según ha denunciado el consejero madrileño Emilio Viciana.
Mientras, Extremadura ha insistido en que “genera incertidumbre y puede desincentivar inversiones que ya están en marcha”.
El gobierno extremeño recuerda que algunos de los centros afectados solicitaron el informe preceptivo “en la legislatura pasada y, después de 26 meses y medio, el Ministerio sigue sin dar respuesta”.
También Valencia y País Vasco (el consejero de Universidades del PNV) afirman que la nueva ley no respeta las competencias autonómicas, mientras que desde el gobierno socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, se afirma que “no se trata de ir en contra de las universidades privadas, sino de que todas las que se quieran implantar sean de calidad y destinen parte de su presupuesto propio a la investigación y a la transferencia”.
Morant apela a la “sensatez” y señala que “España ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas, a tener 50 universidades públicas y 46 universidades privadas”.
“Hay que frenar la expansión de universidades de garaje, que son negocios”, recalca tras recordar que el decreto también garantizará la independencia del proceso evaluador que deberá realizar la agencia de calidad correspondiente, con una Comisión de evaluación específica compuesta por mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo.
Nuevos criterios a cumplir
Entre los nuevos criterios que deben cumplir las diez nuevas universidades privadas está alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio, destinar al menos un 5 por ciento de su presupuesto total a programas de incentivación de la investigación o ofertar un mínimo de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.
Un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado es otra de las medidas.
